San Salvador. Un ex ministro de Defensa Nacional de El Salvador y su esposa fueron declarados culpables el viernes por enriquecimiento ilícito e inhabilitados para ejercer cargos públicos por 10 años, en un proceso en el que no se pidió condena de cárcel sino restitución del dinero a las arcas del Estado.
Una cámara de lo civil del sur de San Salvador ordenó al ex ministro y general José Atilio Benítez y a su esposa Emma Isaura Muñoz de Benítez a devolver cerca de 122 mil dólares por incrementar su patrimonio ilegalmente entre junio de 2009 y noviembre de 2011, según la Fiscalía. Los hechos ocurrieron cuando Benítez fungió de viceministro de la Defensa Nacional en el gobierno de Mauricio Funes.
Según la Corte Suprema de Justicia, el ex alto cargo realzó 40 depósitos bancarios en cuentas corrientes a su nombre por un monto de 133 mil 344 dólares, mientras que a su esposa le encontraron cuatro irregularidades que suman la cantidad de 56 mil 613.35 dólares. En el caso de la mujer, corresponden a depósitos en cuentas de ahorro, pago de tarjetas de crédito y abonos a crédito hipotecario.
Aunque inicialmente el Ministerio Publico los acusó y buscaba el resarcimiento por enriquecimiento ilícito por un monto de 169 mil 957.35 dólares, durante el juicio y tras un examen financiero, esa cifra se redujo.
De tal manera que se les ha ordenado restituir al Estado de El Salvador 88 mil 44 dólares al exviceministro y 33.613,25 dólares a su esposa, "haciendo un total de 121 mil 657.35 dólares", explicó uno de los fiscales del caso.
El militar en condición de retiro enfrenta otros dos casos penales. Tiene un juicio en un tribunal de San Salvador por los delitos de actos arbitrarios, comercio ilegal de armas de fuego, estafa y peculado.
En 2019, Benítez fue acusado en una cámara penal de San Salvador por el registro ilegal de 29 armas de fuego. La Fiscalía aseguró que el militar se valió de su cargo como ex ministro de Defensar para traficar con armas de fuego de los almacenes de la Fuerza Armada y dar órdenes a sus subalternos para que inscribieran las armas de manera fraudulenta, mediante un decreto que ya no se encontraba vigente. Luego eran vendidas a particulares.
En agosto de 2020, fue también acusado por un supuesto acto de corrupción en el contrato de permuta de armas obsoletas y en mal estado entre Defensa y la empresa Centrum por un monto de 2 millones de dólares. En ambos casos el ex funcionario está siendo procesado en libertad.
