La fiscalía guatemalteca requirió a la empresa editora del diario local El Periódico que le remita todos los trabajos publicados por nueve de sus redactores y columnistas que son investigados por obstrucción a la justicia. La petición fiscal forma parte de un proceso penal que ha sido cuestionado por organizaciones de medios periodísticos y países como Estados Unidos por configurar un ataque a la prensa.

El Ministerio Público de Guatemala solicitó a la empresa Aldea Global, nombre comercial del diario El Periódico, que le remita todas las publicaciones que hicieron nueve de sus trabajadores desde julio de 2022 hasta mayo de 2023.

En sus informaciones, los periodistas cuestionaban el actuar de jueces y fiscales en la investigación abierta contra el presidente del medio local, José Rubén Zamora, por lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. El del directivo es uno de los nueve nombres citados por la fiscalía en su petición.

Aunque el requerimiento de información está fechado el 31 de mayo y firmado por el auxiliar fiscal Allan Javier Tánchez Castañeda, se filtró a medios el lunes.

La oficina de prensa de la fiscalía no confirmó a The Associated Press la procedencia del documento y dijo que esa información solo es accesible a las partes procesales.

El Periódico dejó de imprimirse en noviembre de 2022 y comenzó a aparecer sólo en formato digital luego de despedir a unos 50 trabajadores, casi 70 por ciento de su planta. Sólo algunos periodistas continuaron trabajando pero dejaron de firmar sus notas para evitar represalias.

En mayo pasado publicó su última edición digital y argumentó presiones políticas y financieras tras el encarcelamiento hace casi un año de su presidente y fundador. Zamora también está acusado por el Ministerio Público, que pide para él una condena de 40 años de cárcel.

El fiscal a cargo de la investigación es Pedro Hernández, cercano a la fiscal general Consuelo Porras, a quién los comunicadores señalan de haber iniciado una criminalización en su contra.

La petición de la fiscalía está centrada en los trabajos periodísticos de Gerson Ortíz, Julia Corado, Christian Velix, Alexander Valdez, Rony Ríos, Denis Aguilar, José Rubén Zamora y de los columnistas Gonzalo Marroquín y Edgar Gutierrez.

Según la fiscalía, los señalados obstruyeron la justicia al publicar información sobre fallas en el debido proceso y sobre acciones fuera de ley por parte de jueces y fiscales que investigan a Zamora.

El fundador de El Periódico, de 66 años, es un periodista galardonado por su trabajo sobre casos de corrupción en Guatemala. El medio ha sido crítico del gobierno de Alejandro Giammattei, especialmente sobre malos manejos de recursos públicos durante la gestión del presidente.

Una investigación en su contra plantea que Zamora intentó lavar 35 mil dólares de donaciones que recibió el medio, según su defensa legal, para pagar deudas. El presidente del diario solicitó a Ronald Navarijo, un ex banquero señalado de corrupción que después declaró contra Zamora, que bancarizara ese dinero en efectivo, lo que la fiscalía interpreta como el hecho constitutivo del lavado de dinero.

Sin embargo, la defensa de Zamora argumenta que los fondos no fueron directamente depositados por Zamora en el banco por temor a que se descubriera quiénes eran los donantes, que temían ser identificados debido a las presiones políticas contra el medio.

Los abogados del periodista dicen que la fiscalía no probó que el dinero tuviera origen ilícito, una condición exigida por la ley para que se constituya el delito de lavado de dinero.

Durante el gobierno de Giammattei, por lo menos 35 operadores de justicia entre jueces, fiscales, abogados, así como periodistas y activistas, se han exiliado del país denunciando criminalización por su trabajo anticorrupción o contra delitos de lesa humanidad.