A punto de cumplir 16 años de huelga en la mina de cobre de Cananea y desesperados porque en 17 meses de negociaciones con autoridades federales no han logrado una solución a sus demandas, en gran parte por la cerrazón del empresario Germán Larrea, trabajadores de la sección 65 del Sindicato Minero iniciaron ayer un bloqueo de la carretera federal México 2, que comunica a Sonora con Baja California y Chihuahua.

Hasta anoche, el boqueo mantenía paralizados a cientos de camiones de carga, tráileres y tractocamiones, pero los mineros permitieron el paso a ambulancias y otros vehículos de emergencia.

El bloqueo, en el entronque Cananea-Ímuris, Sonora, será por tiempo indefinido hasta que se abra una negociación directa con el presidente Andrés Manuel López Obrador; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el senador Napoleón Gómez Urrutia, líder nacional del gremio, advirtió la dirigencia sindical local.

Esta es la cuarta ocasión desde enero de 2022 que los trabajadores y sus familias paralizan esa carretera.

Mientras no tengamos un compromiso real, serio y de justicia para los trabajadores, nos vamos a quedar aquí en la carretera, advirtió Heriberto Verdugo, delegado del comité ejecutivo nacional del Sindicato Minero en Sonora.

Indicó que, hasta anoche, sólo el delegado de la Secretaría de Gobernación en esa entidad, Máximo Moscoso, se acercó y les ofreció lo mismo de siempre: que habrá una reunión.

Sin embargo, advirtió, para ellos los únicos interlocutores válidos son el Presidente y el secretario de Gobernación.

Verdugo insistió en que los huelguistas se mantendrán el tiempo que sea necesario y acudirán a otras protestas. Expuso que confían en que el gobernador Alfonso Durazo no vaya a cometer el error de mandar a las fuerzas públicas a desalojarlos.

Ayer por la mañana, cerca de 300 trabajadores se reunieron en la explanada del Mausoleo a los Mártires de 1906, donde colocaron una ofrenda floral en recuerdo de sus compañeros que hace 117 años protagonizaron la huelga histórica de Cananea, que Porfirio Díaz mandó reprimir, pero fue precursora de la Revolución Mexicana.

Más de un siglo después, los trabajadores de la rica mina de cobre, propiedad de Grupo México, dijeron que están en pie de lucha.

La decisión de pasar al bloqueo de la carretera fue tomada por unanimidad en asamblea, ya que en la Secretaría de Gobernación han hecho caso omiso a la instrucción presidencial de resolver el conflicto, comentó Nabor Duarte Herrera, secretario general de la sección 65.

Explicó que una de las principales demandas de los mineros, que estallaron la huelga en 2007, es la restitución de su derecho al trabajo y el pago de salarios caídos, con base en la recomendación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formuló al gobierno mexicano para resolver el conflicto mediante el diálogo amistoso.

A corto plazo, reclaman que los 657 mineros y sus familias sean inscritos en el régimen de seguridad social, demanda que ya estaba pactada, pero aún está incumplida, subrayó a su vez Antonio Navarrete, vocero de la sección 65.

Expuso que hace casi 16 años paralizaron labores en Cananea por violaciones a su contrato colectivo, por falta de medidas de seguridad y luego de que Larrea pretendió desconocer a la representación del Sindicato Minero, que encabeza Gómez Urrutia.

Dijo que el empresario emprendió entonces una campaña de persecución y difamación contra el líder gremial, con el apoyo del gobierno de Felipe Calderón.

La cerrazón e intransigencia de Larrea ha impedido una solución al conflicto, que afecta a mil 200 trabajadores de Cananea; Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas, que también se fueron a la huelga el 30 de junio de 2007 y que ayer llevaron a cabo movilizaciones en apoyo a sus compañeros sonorenes.

Al menos otra docena de secciones del Sindicato Minero en Michoacán, Hidalgo, estado de México, Durango y Guanajuato externaron su apoyo a las tres huelgas sin resolver.

En otro conflicto, trabajadores de la mina La Herradura, de Caborca, Sonora, protestaron en las calles de esa ciudad, debido a que en los últimas semanas la empresa Penmont, propiedad de Grupo Peñoles, ha despedido a más de 50 empleados de manera injustificada.