El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó este jueves el decreto que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de la Policía y los militares, promulgado como respuesta a la situación de inseguridad y violencia que atraviesa el país latinoamericano desde hace varios meses.

En este decreto, se legisla entre otras cosas el uso de munición real por parte de los agentes, que podrán disparar a un sospechoso sin que este haya abierto fuego contra ellos antes.

A través de sus redes sociales, Lasso celebró la firma del decreto, que ya ha entrado en vigor: "Este documento define con claridad lo que significa la materialización del acto ilícito, la amenaza o peligro inminente que pueden poner en riesgo la vida de los ciudadanos y de los miembros de la fuerza pública".

"El absurdo de que el policía debe esperar a que el delincuente le dispare o dispare a un ciudadano para actuar, se terminó", añadió, a pesar de críticas por parte de algunos sectores civiles ante las posibles consecuencias de este permiso.

Por otra parte, el secretario de Seguridad Pública del país, Wagner Bravo, ha explicado en declaraciones al diario 'Primicias' que esta legítima fuerza sólo se utilizará contra un uno por ciento de la población, por lo que "quienes deben estar preocupados por este reglamento son quiénes cometen delitos y quieren vivir por fuera de la ley".

Además, insistió en que la finalidad de esta ley es que todos los ciudadanos conozcan los supuestos en los que las fuerzas de seguridad del Estado pueden utilizar legítimamente la fuerza, y así disuadir a aquellos que se planteen delinquir de algún modo.

Durante los primeros meses de 2023, Ecuador sufrió un repunte de la violencia armada con el cometimiento de homicidios, asesinatos y sicariatos. Según los datos de 2022 recogidos por el portal especializado Insight Crime, Ecuador registró una tasa de homicidios de 25,9 por cada cien mil habitantes, una de las más altas de Latinoamérica.

Los niveles alarmantes de violencia han sido claves en la crisis política que atraviesa el país, donde el presidente Lasso ha disuelto la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, ante la imposibilidad de gobernar. El mandatario autorizó a principios de abril la "tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal", entre otras medidas para intentar frenar la incipiente inseguridad, vinculada en el auge del narcotráfico.