El país tiene la firme voluntad de cumplir con sus decisiones jurisdiccionales y hacer el mayor esfuerzo para implementar las recomendaciones y dar atención a las poblaciones y comunidades, así como grupos que históricamente han sido sometidos a la discriminación, aseguró Antonio Hazael Ruíz Ortega, comisionado de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Indicó que en el ámbito nacional 4 mil 936 personas adolescentes y adultas jóvenes están sujetas al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, de las cuales 398 son mujeres y 4 mil 538 hombres. Los delitos más comunes son: violación, homicidio, portación de arma de fuego. “Estos datos dan posibilidad de visualizar áreas de oportunidad en donde se debe incidir para tener más y diferentes resultados”.

Al inaugurar en el Consejo de la JudicatUra Gederal (CJF) los trabajos de la Conferencia sobre Justicia Penal para Adolescentes: las necesidades específicas de las mujeres adolescentes y adolescentes indígenas en conflicto con la ley penal, el consejero Bernardo Bátiz Vázquez aseguró que al país le preocupan los delitos que cometen los adultos, pero más alarmante son los agravios en los que se ven involucrados las niñas, niños y adolescentes.

Señaló que en el caso de adolescentes que comenten algún ilícito, las autoridades deben preguntarse, antes que nada, porqué hay delitos, cómo surgen y qué ambientes los propician.

La consejera magistrada Lilia Mónica López Benítez subrayó que en México y en otras partes del mundo, las mujeres enfrentan discriminación estructural y desigualdades arraigadas que pueden agravar su experiencia en el sistema de justicia penal.

Al referirse a las adolescentes indígenas en conflicto con la ley penal, López Benítez apuntó que deben ser tratadas con respeto y dignidad. De ahí la importancia de que se analice el derecho internacional en la materia, los informes sobre las circunstancias de los adolescentes en el juicio y previo al dictado de la sentencia, así como la reinserción post sanción.

El embajador de Canadá, Graeme C. Clark resaltó que las mujeres adolescentes y los adolescentes indígenas merecen un sistema de justicia que les trate de manera justa y equitativa, porque es importante para ellos, sus comunidades y para ambos países.

Indicó que el propósito de este intercambio de buenas prácticas entre especialistas de ambas naciones, es garantizar el acceso a la justicia y lograr la plena reconciliación con los pueblos indígenas, que es una tarea pendiente de nuestras sociedades, y en el caso canadiense es una prioridad absoluta del gobierno.