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Denuncian corrupción en sector salud de BC

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Farmacia del sector salud en imagen de archivo. Foto Marco Peláez
31 de mayo de 2023 17:53

Mexicali, BC. En la conferencia matutina de este miércoles, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda anunció que en la lucha contra la corrupción impulsada a nivel federal se han presentado 20 denuncias por corrupción en la administración de su antecesor Jaime Bonilla, además de iniciar centenares de procedimientos administrativos sancionatorios por irregularidades en esa administración.

Entre los denunciados se encuentra Alonso Óscar, exsecretario de Salud, e integrantes de su equipo de trabajo en el periodo 2019-2021.

Destaca entre las denuncias la compra de medicamentos con sobreprecio, además se investiga la adquisición irregular de lavamanos y uniformes que provocaron daños patrimoniales.

Además de medicamentos caducos por 201 millones 578 mil 285 pesos del área de oncología, cardiologia y materno durante la pandemia, así como la salida de un medicamento de tratamiento de covid 19 hacia la Subdirección Médica de ISESALUD sin que existan registros de pacientes.

En la Fiscalía General de Baja California se confirmó que iniciaron ocho carpetas de investigación por la compra con sobreprecios de medicamentos a empresas farmacéuticas y personas físicas por 100 millones de pesos.

Los lotes de medicamentos se adquirieron por adjudicación directa, sin licitación, bajo el argumento de la urgencia por la contingencia sanitaria.

La FGE investiga las compras de las empresas Arsa-Lab, Reginelly, Integradora y Suministros Sidonia.

Otras farmacéuticas que vendieron con sobreprecio son Plenum de Occidente Group Incorporate Ozson y Grupo Pharma de Baja California.

Las personas físicas que se investigan son Jorge Luis Soto Solano y Nubia Jexana Blanco Gastelum.

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En un comunicado, el grupo insurgente manifestó que con estos “se asegura el crecimiento de las guerras por el control territorial, en las que estará ausente el holograma del Estado Nación”.

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Aunque se negaron a opinar sobre la presunta malversación de fondos de la Unión, piden que los recursos federales sigan llegando al sector.

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Los especialistas coincidieron en que no existe riesgo inminente para la población.
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