En el decreto se establece que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de coordinadora de sector, a través de la Unidad de Banca de Desarrollo, la responsable del proceso de extinción y liquidación de la institución financiera del estado, por lo que tiene un plazo de 180 días naturales para publicar las bases de liquidación.

En tanto, el proceso de liquidación estará a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el cual fungirá como liquidador único conforme a las disposiciones legales aplicables, para lo cual tendrá las más amplias facultades para actos de administración, dominio, pleitos y cobranzas; así como para suscribir u otorgar títulos de crédito, y para realizar cualquier acción que coadyuve a un eficiente proceso de liquidación. 

El decreto, que entra en vigor mañana, también indica que las erogaciones que, en su caso, se generen con la medida, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, según corresponda. 

 

Por lo anterior, señala, no se autorizarán recursos financieros adicionales en el presente ejercicio ni en los subsecuentes.

 

"En tal sentido, el liquidador deberá destinar los recursos que resulten de la recuperación de activos de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, para cubrir los pasivos y contingencias que se originen de la propia liquidación, así como los gastos de administración que realice en cumplimiento de su cargo", dice el documento. 

 

Indica que en el balance final de la liquidación se deberá precisar el destino desglosado de todos los recursos señalados en este artículo.

 

Asimismo, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero deberá realizar a favor del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la transferencia de los bienes, derechos y obligaciones, misma que se llevará a cabo conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

 

El decreto publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que Financiera Rural “conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación respectivo, en términos de las disposiciones administrativas y presupuestales aplicables”.

Además, señala que el proceso de liquidación deberá llevarse a cabo de manera oportuna, eficaz y con apego a las disposiciones jurídicas que lo rigen, cuidando en todo momento la adecuada protección a los intereses del público.

En ese sentido, dejó en claro que “los derechos laborales de las personas trabajadoras, incluyendo las indemnizaciones correspondientes, de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, serán respetados íntegramente, conforme a las disposiciones laborales aplicables, por conducto del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado como liquidador”.