Ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México celebró la entrada en vigor de la Ley 3 de 3 contra la violencia, con la que ninguna persona declarada como persona deudora alimentaria morosa pueda acceder a cargos públicos y de elección popular. 

La suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público contribuye a desmontar la violencia estructural que impacta no solo a las mujeres sino también a las niñas, niños y adolescentes, destacó. 

Señaló que, con la entrada en vigor del Decreto, este martes, las legislaturas de los estados tendrán 180 días para ajustar su marco normativo a fin de dar cumplir con lo establecido a más tardar el 26 de noviembre del presente año. 

De esta manera, se armonizará la suspensión de los derechos político-electorales en los casos en los que se refiere en todo el país, lo que impactará en todos los niveles de gobierno. 

Mencionó que estas reformas confirman el mensaje de la importancia de normalizar la noción de que la legitimidad de las autoridades, depende necesariamente del respeto a los derechos humanos tanto en el ámbito público como en el privado.