Ciudad de México. Los Acuerdos de Facilidades Administrativas emitidos por el Gobierno de la Ciudad de México no exenta a las constructoras de cumplir con la normatividad vigente, ni excluye a las Alcaldías de verificarlas e imponer las medidas cautelares y de seguridad, así como las sanciones procedentes dentro del ámbito de su competencia, en caso de incumplimiento, informó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

La Alcaldia Miguel Hidalgo señaló que dicha figura podría incentivar la corrupción y podrían ser objeto de extorsión, por parte del Gobierno, al permitirse construcciones sin los permisos necesarios, teniendo a la fecha 23 proyectos inmobiliarios, donde se dejó fuera a la Alcaldia.

La Seduvi precisó que dichos proyectos tienen diferentes estatus, pero no exenta a las constructoras del cumplimento de los programas de Desarrollo Urbano, el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y demás disposiciones en la materia y tampoco permite que incumplan la normatividad vigente.

Las Alcaldías, por su parte, tienen la facultad de verificar que cumplan dichas disposiciones en el proceso de construcción de la obra, pues los acuerdos de facilidades lo único que permiten es iniciarlas a la par de que se realizan los trámites administrativos correspondientes, como el registro de manifestación de construcción.

La Alcaldía Miguel Hidalgo, puntualizó, “estuvo y está en condiciones de ejercer su facultad de verificación y puede imponer las medidas cautelares y de seguridad, así como las sanciones procedentes dentro del ámbito de su competencia, en caso de incumplimiento, ya que siempre ha tenido conocimiento de los acuerdos y tiempos de los mismos”. 

Dichos acuerdos son parte de las acciones implementadas para reactivar la economía, con motivo de la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19, mediante los cuales se posibilitó la ejecución de proyectos inmobiliarios, haciendo esta actividad más ágil e incentivando la inversión.

El primero se refirió a Paseo de la Reforma y posteriormente se extendieron a las vialidades primarias y de acceso controlado de la Ciudad de México con un radio de influencia de hasta un kilómetro, y el tercero a vivienda, salud y escuelas en todos sus niveles, recordó.

Mencionó que, el cambio de uso de suelo es un procedimiento que se inicia a petición ciudadana y es competencia del Congreso de la Ciudad de México, que ha recibido 27 solicitudes de la Alcaldia Miguel Hidalgo.