Houston. El influyente fiscal general de Texas, Ken Paxton, una piedra en el zapato del presidente Joe Biden, corre el riesgo de ser destituido bajo cargos de corrupción por el Parlamento estatal, que someterá su caso a una primera votación este sábado.

Una comisión parlamentaria de investigación, integrada incluso por sus correligionarios republicanos, admitió el último jueves por unanimidad veinte cargos contra el fiscal general -el ministro de Justicia de Texas- por corrupción, malversación de fondos públicos, declaraciones falsas e incluso obstrucción de la justicia.

La acusación contra Paxton, cuyo puesto es electivo, se relaciona con la presión ejercida sobre su personal para apoyar a un amigo y donante de campaña con sus problemas legales. A cambio, esa persona dio trabajo a una amante del funcionario republicano y financió trabajos en su casa, detalla la acusación.

El texto será presentado el sábado a la Cámara de Representantes de Texas. Si es aprobado por mayoría simple, Paxton será enviado a juicio en el Senado estatal. Entonces será necesario que dos tercios de los senadores -entre los que se encuentra su esposa- estén de acuerdo en destituirlo.

Este ultraconservador de 60 años, cercano al expresidente Donald Trump, tiene entre sus críticos a algunos miembros de su partido, y el resultado de estas votaciones es incierto. Elegido en 2014 para dirigir el sistema judicial de Texas, ha sido objeto de una acusación por fraude financiero, que sigue pendiente. Esto no impidió que fuera reelecto en 2018 y luego en 2022.

Desde su puesto presentó medio centenar de denuncias contra la gestión de Joe Biden, impugnando entre otras cosas su política migratoria, fiscal o medioambiental, recordó este viernes a la prensa.

Paxton denunció un procedimiento "ilegal", "vergonzoso" e "injusto" y llamó a sus seguidores a manifestarse el sábado frente al Congreso texano, en Austin, en el momento de la votación. "La cámara está lista para hacer algo que Joe Biden ha estado esperando desde que asumió el cargo: sabotear mi trabajo", agregó.

En 2020, miembros de su equipo alertaron sobre presunto abuso de poder. Tras ser separados de sus cargos, reclamaron por haber sido despedidos sin motivos.

A principios de 2023, Paxton llegó a un acuerdo para poner fin a sus demandas a cambio de 3.3 millones de dólares, cuenta que pidió sea asumida por el estado de Texas. Este asunto justificó la apertura de una investigación parlamentaria.