Amnistía Internacional levantó una fuerte condena contra el gobierno de Perú por el uso de fuerza letal ejercido por las fuerzas de seguridad que llevó a la muerte de 49 personas durante las protestas de diciembre a febrero”.

En su informe titulado Racismo letal: ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú, y dado a conocer ayer, AI analiza 52 casos de personas fallecidas o heridas durante las manifestaciones antigubernamentales en Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho y Juliaca.

Estos casos incluyen 25 muertes, 20 de las cuales pueden constituir ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas estatales. En esa veintena de casos, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dispararon municiones reales contra zonas vulnerables del cuerpo (la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen), y hay indicios, como videos, imágenes, expedientes penales y declaraciones de testigos, que señalan el uso injustificado de la fuerza.

Agnès Callamard, secretaria general de AI, expuso que “el empleo de armas de fuego letales contra manifestantes muestra un flagrante desprecio por la vida humana. A pesar de los esfuerzos del gobierno por presentar a las víctimas como ‘terroristas’ o delincuentes, las personas que murieron eran manifestantes, observadores y transeúntes. Casi todas ellas pertenecían a entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico para aplicar la fuerza letal”.

AI recordó que “las movilizaciones que se desataron en gran parte de Perú en medio de una crisis política el pasado diciembre incluyeron cortes de carreteras, aeropuertos y otras infraestructuras. Las similitudes de la represión contra manifestantes en distintas partes del país indican una posible estrategia ordenada o tolerada por altos cargos.

Armados con rifles de asalto, (las fuerzas de seguridad) dispararon munición real indiscriminadamente contra civiles, y causaron una importante pérdida de vidas, aseveró, y pidió a la mandataria Dina Boluarte que “condene y ponga fin al empleo por parte de los efectivos de seguridad, de fuerza letal y de munición prohibida, como por ejemplo perdigones, en la respuesta a las protestas.

Los indicios sugieren que, además, ciertos mandos habrían sido cómplices penalmente en la ocultación de las armas homicidas.

En la represión a una movilización contra Boluarte en demanda de la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones anticipadas, en Juliaca el 11 de enero, en la que fueron abatidas a tiros 15 personas y decenas más resultaron heridas de bala, AI expone: sólo dos agentes de la Dirección de Operaciones Especiales informaron de que habían disparado cuatro municiones de calibre 7.62 con sus rifles AKM.

No obstante, AI señaló que un policía de Apurímac le dijo bajo condición de anonimato: Una cosa [...] que solemos conversar entre policías es que, si hay un grupo violento, se dispara a una persona, porque mientras no haya muertos la gente sigue enardecida, cuando ven a uno caído se aplacan.

La madre de Christopher Michael Ramos Aime, de 15 años quien perdió la vida a manos del ejército en Ayacucho cuando cruzaba la calle desarmado, dijo: Si no fuéramos pobres, Christopher no habría fallecido. Porque no habría tenido que estar trabajando [...] ese día, indicó AI.

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