Amnistía Internacional levantó una fuerte condena contra el gobierno de Perú por el “uso de fuerza letal ejercido por las fuerzas de seguridad” que llevó a la muerte de 49 personas durante las protestas que se llevaron a cabo de diciembre a febrero”.

En su informe titulado “Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú”, y dado a conocer este jueves, AI analiza 52 casos de personas fallecidas o heridas durante protestas en Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho y Juliaca.

“Estos casos incluyen 25 muertes, 20 de las cuales pueden constituir ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas estatales. En esos 20 casos, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dispararon munición real contra zonas sumamente vulnerables del cuerpo (la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen), y hay indicios adicionales, como videos, imágenes, expedientes penales y declaraciones de testigos, que señalan un uso injustificado de la fuerza”.

Agnès Callamard, secretaria general de AI, expuso que “el uso de armas de fuego letales contra manifestantes muestra un flagrante desprecio por la vida humana. A pesar de los esfuerzos del gobierno por presentarlas como terroristas o delincuentes, las personas que murieron eran manifestantes, observadores y transeúntes. Casi todas ellas pertenecían a entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de fuerza letal”.

AI recordó que “las protestas que se desataron en gran parte de Perú en medio de una crisis política el pasado diciembre incluyeron cortes de carreteras, aeropuertos y otras infraestructuras. Las similitudes en el uso de la fuerza contra manifestantes en distintas partes del país indican una posible estrategia ordenada o tolerada por altos cargos”

“Armados con rifles de asalto, (las fuerzas de seguridad) dispararon munición real indiscriminadamente contra civiles, y causaron una importante pérdida de vidas”, aseveró y pidió a la mandataria Dina Boluarte que “condene y ponga fin al uso, por parte de las fuerzas de seguridad, de fuerza letal y de munición prohibida, como por ejemplo perdigones, en la respuesta a las protestas”

“Las fuerzas de seguridad no sólo hicieron uso excesivo de la fuerza, sino que los indicios sugieren que además ciertos altos mandos habrían sido cómplices penalmente en la ocultación de las armas utilizadas para cometer homicidios”, señaló.

Putualizó en que en la represión a una movilización contra Boluarte en demanda de la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones anticipadas, en Juliaca el 11 de enero, en la que fueron abatidas a tiros 15 personas y decenas más resultaron heridas de bala, “sólo dos agentes de la Dirección de Operaciones Especiales informaron de que habían disparado cuatro municiones de calibre 7.62 con sus rifles AKM”.

AI señaló que un policía de Apurímac bajo condición de anonimato le dijo: “Una cosa [...] que solemos conversar entre policías es que, si hay un grupo violento, se dispara a una persona, porque mientras no haya muertos la gente sigue enardecida, cuando ven a uno caído se aplacan”.

La madre de Christopher Michael Ramos Aime, de 15 años muerto a manos del ejército en Ayacucho cuando cruzaba la calle desarmado, dijo: “Si no fuéramos pobres, Christopher no habría muerto. Porque no habría tenido que estar trabajando [...] ese día”, indicó AI.

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