Tras la suspensión provisional que obtuvo la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) que impide a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito elaborar libros de texto “al margen de la ley y sin programas de estudio”, organizaciones de la sociedad civil se sumaron a la exigencia para detener la impresión y distribución de estos materiales.
Aunado a esta demanda, el encargado de despacho de la oficina de la presidencia de la UNPF, Israel Sánchez Martínez, pidió apertura a la SEP para que responda “y se abra al diálogo para saber qué contenidos tienen los libros, pues estamos preocupados y queremos ver que la educación mejore no que regresemos y no conocer los contenidos es una preocupación general”.
En conferencia de prensa, comentó que si bien esta suspensión provisional es un logro que pone por encima los derechos de las niñas y niños, reclamó que la dependencia que encabeza Leticia Ramírez los ignore y se niegue al diálogo con representantes de padres de familia y organizaciones civiles, lo cual “es muy grave porque parece que hay opacidad”.
Sin embargo, confió en “la sensatez” de las autoridades educativas para que no continúen con la impresión de los libros de texto gratuito para el próximo ciclo escolar 2023-2024, dado que existe la suspensión por el juez.
Por su parte, Francisco Landeros de la organización Suma por la educación señaló que de los materiales que se han filtrado de los nuevos libros han detectado que no hay metodologías pedagógicas para los maestros, además de que los contenidos “son impositivos y descriptivos”y no hay espacio para que los alumnos puedan expresarse.
Además, apuntó que en los contenidos también hay una disminución de las ciencias exactas, lo cual calificó de “muy grave”, pues limitar las ciencias exactas es limitar el pensamiento lógico, crítico y las habilidades numéricas.
Otro de los errores, explicó Landeros, es la incongruencia con los planes y programas de estudios, además de que no ha habido la capacitación adecuada para los maestros.
Ante esta situación, las organizaciones de la sociedad civil advirtieron que van a seguir promoviendo más amparos para que se cumpla con la ley, porque la educación debe ser laica, sin ideologías ni de izquierda ni de derecha.
