La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró hoy la constitucionalidad de la reforma constitucional que establece la prohibición para ocupar cargos de representación popular ni ser funcionarios publicos, a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar, delitos sexuales y a los morosos en el pago de pensiones alimentarias.

Entre aplausos de legisladoras y de integrantes de colectivos feministas presentes, el presidente de la Comisión Permanente, Alejandro Armenta formuló la declaratoria de constitucionalidad de la llamada “ley 3 de 3” y la turnó el decreto al Diario Oficial de la Federación, para su publicación y entrada en vigor.

Con ello concluye el proceso constitucional, ya que la reforma fue aprobada por ambas cámaras del Congreso federal y por 23 congresos estatales.

“La 3 de 3 llegó para quedarse” se leía en dos carteles colocados en la tribuna, mientras que la mayoría de representantes de los grupos parlamentarios expresaron que para las mujeres es un día para celebrar.

!!!Tres de Tres, ningún agresor al poder”, corearon los colectivos de mujeres desde la zona de invitados, mientras legisladoras de Morena, PRI; PAN, PT, PRD y MC aplaudían.

Fue una ley controvertida, que encontró fuertes resistencias entre diputados y senadores, con problemas en el pago de pensiones alimentarias. Hoy mismo el tema no estaba incluido en la Gaceta Parlamentaria, por lo que colectivos y organizaciones en contra de la violencia familiar, llegaron desde temprano a la sede del Senado, donde sesiona la Comisión Permanente.

Más tarde, senadoras y diputadas de todas fuerzas políticas expresaron en conferencia de prensa que se haría la declaratoria.

En tribuna, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, expresó que respalda toda iniciativa que proteja de la violencia a las mujeres, pero expuso preocupación por el riesgo de que “el corrupto y podrido poder judicial” utilice la Ley 3 de 3 para acabar “con las carreras políticas” de integrantes de la 4T.

Sin embargo, la senadora de Morena, Malú Micher, respondió que lo fundamental es que ningún deudor alimentario ni agresor de mujeres podrá ser candidato a legislador, presidente municipal o gobernador , ni ocupar ningún cargo público.

“Un agresor no puede representar los intereses del país si no le interesa su familia y sus hijos, y agrede a la persona a la que juró amar”, recalcó.

Igualmente, la diputada de Morena, Aleyda Alavez,una de las impulsoras de la reforma, resaltó que la iniciativa se construyó en la pluralidad de ideas de ambas Cámarase hizo notar que “la Legislatura de la paridad” realizará más proyectos de este calado para que las mujeres vivan en entornos pacíficos e igualitarios.

Los deudores alimentarios, los agresores sexuales, agregó no podrán ser ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público.

La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Olga Sánchez Codero, dijo que la reforma es el resultado de las luchas de los movimientos feministas. Además, el PRI expresó su respaldo de la reforma a través de la diputada Carolina Viggiano,quién aprovechó estar en tribuna para protestar por lo que consideró “violencia de género” en contra de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, por la manifestación del sábado pasado fuera de ese tribunal, la que, dijo, bajo el impulso del gobernador de Veracruz, se colocaron ataudes con la imagen de la ministra.