El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pidió que se lleve a cabo una investigación sobre el espionaje del que fue objeto el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien también es presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).
Recordó que este hecho se suma “a la ya conocida interceptación y espionaje de las comunicaciones de los padres de los 43 desaparecidos y de las víctimas del caso”, así como sus abogados representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y de otras personas.
“Consideramos fundamental insistir en la realización de una investigación que no necesita querella previa y exhaustiva sobre la responsabilidad de estos hechos que vulneran derechos a la libertad, la intimidad y otros, vulnerando a personas relevantes en la investigación del caso Ayotzinapa”, sostuvo.
Enfatizó que es necesario que se tome en serio lo sucedido “y la necesidad de que estos hechos sean investigados de manera inmediata, tomando todas las medidas para proteger la intimidad, la información y la integridad de los que se encuentren bajo el seguimiento técnico ilícito y de todas las personas que han sido objeto de este procedimiento, demostrando así, de una vez por todas, desde el Estado, que estas prácticas además de ser ilícitas son inaceptables”.
En un comujnicado, el GIEI expresó su preocupación por el espionaje al subsecretario Encinas, “ya que se constituyen hechos gravísimos, y que muestran que, a pesar de los compromisos públicos, instituciones del Estado no han evitado y por el contrario, siguen permitiendo la utilización de Pegasus para el espionaje”.
Los expertos Ángela Buitrago y Carlos Beristain recordaron que el GIEI fue objeto de espionaje a través de procedimientos similares de la misma manera y en la época del gobierno anterior, según se demostró por un peritaje.
“Todo esto, en lugar de mostrar un compromiso de esas instituciones con el esclarecimiento del caso, como ya fue señalado por el GIEI en su último informe ocultando información relevante, muestra un interés diverso en perjuicio de las personas que representan los derechos de los padres y madres y la esperanza de la justicia”, aseveraron.
Pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue estos hechos y que se adelanten los correspondientes procedimientos a que haya lugar, para proteger de más violaciones de derechos humanos similares.
Asimismo, instaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que “intervenga en protección de los derechos humanos que están siendo vulnerados de manera grave a través de estas prácticas y realice las pesquisas correspondientes”.
Por su parte, el Centro Prodh también se pronunció porque el espionaje al subsecretario Encinas no se minimice. “Muestra, entre otras cosas, que si Ayotnizapa no alcanza verdad no es por los jueces, sino por la obstaculización y los ataques del Ejército. Las Fuerzas Armadas por encima de todo”.
