Ciudad de México. El empresario Raúl Beyruti Sánchez, señalado como El Rey del outsourcing, sufrió un revés judicial. Un tribunal colegiado le negó la protección de la justicia federal contra la orden de aprehensión por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por 4 millones 335 mil pesos.

El Primer Tribunal Colegiado en materia Penal confirmó la sentencia de un juez de distrito, quien le negó el amparo al presidente de GIN Group, ya que buscaba que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitara a un juez de control la cancelación de dicha orden de captura.

Por unanimidad, los magistardos determinaron que el fiscal encargado del caso no violó los derechos fundamentales del llamado Rey del Outsourcing por el solo hecho de no haber accedido a su pretensión.

Sostuvieron que el fiscal no tiene la facultad de solicitar al juez la cancelación de la orden de aprehensión solo porque se lo pide el destinatario de esa orden, luego de que éste argumentó que presentó nuevos datos de prueba para desvirtuar la acusación en su contra.

Agregaron que si Raúl Beyruti estima que dispone de datos de prueba para anular el mandamiento judicial, para eso está diseñada la audiencia a la que está llamado, donde tiene la oportunidad de aportar información para que el asunto ya no continúe.

El presidente de GINgroup, considerada la mayor empresa de outsourcing o subcontratación en el país, y accionista en otras 90 compañías que son investigadas por operaciones de facturación falsa, solicitó un amparo, pero el juzgado noveno de distrito en la materia sobreseyó el recurso.

Beyruti pidió que se modificara el acuerdo del 8 de marzo de 2022 dictado en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000994/2017, que le negó la cancelación de la orden de captura librada en su contra, ya que es acusado de haber recibido, entre 2014 y 2017, en una de sus cuentas bancarias, 4 millones 335 mil 705 pesos provenientes de empresas fachadas.

Por esta razón, la FGR solicitó su detención, la cual fue autorizada el 12 de febrero de 2021 por el juez Daniel Ramírez Peña, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de México, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las acusaciones de la FGR se sustentaron en señalamientos de la Unidad de Inteligencia Financiera, tras detectar esquemas mediante los cuales se realizaron operaciones con recursos de procedencia ilícita.