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Solicitan a Congreso juicio político contra auditor Superior de Michoacán

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El auditor “carnal” fue colaborador cercano de Silvano Aureoles, y apenas hace unas semanas Abellaneda fue acusado de ser prestanombres. Foto congresomich.gob.mx/
22 de mayo de 2023 21:49

La Contraloría del gobierno de Michoacán solicitó al Congreso local juicio político en contra del auditor Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, por presuntamente haber beneficiado a empresas familiares y de amigos con más de 258 millones de pesos.

La titular de la dependencia estatal entregó personalmente el documento al Poder Legislativo del estado, porque pesan contra Aguirre Abellaneda 66 procedimientos administrativos en su contra.

Su paso por la administración pública ha sido controversial, ya que antes de ser titular de la Auditoría Superior de Michoacán, se desempeñó como delegado administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración en el gobierno del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo, periodo en el que también fue señalado por presuntos actos de corrupción, a decir de la funcionaria estatal.

El auditor “carnal” fue colaborador cercano de Silvano Aureoles, y apenas hace unas semanas Abellaneda fue acusado de ser prestanombres, junto con su esposa, del rancho de Lagunillas que presuntamente es propiedad del ex gobernador perredista.

En el documento entregado al Congreso se señala que a través de un esquema en el que se crearon múltiples empresas en las que sus familiares son socios y resultaron beneficiadas con contratos millonarios, como Miguel de Jesús Aguirre Orozco, hijo del auditor; Elsa Cecilia Tapia García, hija de Silvia Trinidad Tapia García, auditora especial de Fiscalización de la ASM, así como Francisco Javier Fajardo López y Mayra Orozco Santoyo por un monto de más de 258 millones de pesos.

Maram Arquiconstructores y Arquidemos, fueron dos de las empresas que ha utilizado Abellaneda para beneficiar a familiares con contratos, que también recientemente fueron beneficiadas con obras por parte del gobierno de Morelia.

Se trata de un negocio que aparentemente era sin riesgos, ya que una vez que las empresas una vez que concluyeron las obras, fue la propia Auditoría Superior de Michoacán la encargada de revisarlas.

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