Ciudad de México. La Cámara de Diputados recibió el informe anual 2022 de los estados financieros del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP), donde se detalla que transfirió a la Tesorería de la Federación 636 mil 332 millones de pesos, de los cuales la mayor parte, 619 mil 950 millones de pesos, se destinaron a cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de ese año.

El monto total de las transferencias equivale a 2.3 por ciento del PIB y tan solo en el cuarto trimestre de 2022, las transferencias sumaron 219 mil 243 mil millones de pesos, según el informe que incluye datos del Banco de México, que opera como fiduciario del FMP, instrumento que se constituyó como parte de la reforma energética de 2013 y comenzó a operar en enero de 2015.

La información con los estados financieros, que se envió a la Comisión de Energía de la cámara, destaca el incremento de transferencias de recursos para cubrir el PEF, respecto de 2021, cuando ascendieron a 349 mil 684 millones de pesos, un repunte de 77 por ciento.

El aumento se explica por mejores precios del petróleo en 2022, respecto de 2021, e incluso la Ley de Ingresos únicamente previó transferencias por 370 mil 928 millones de pesos.

El FMP tiene como objeto recibir, administrar, invertir y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, con excepción de los impuestos.

Además de los fondos enviados a la cobertura del PEF, el fondo envió el año pasado ocho mil 160 millones de pesos al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios; dos mil 374 millones al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas; tres mil 227 millones al Fondo de Extracción de Hidrocarburos.

También, dos mil 411 millones como parte de las transferencias para la investigación en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética; 20 millones para cubrir los costos de la Auditoría Superior de la Federación en materia petrolera.

Y 189 millones de pesos a municipios colindantes con la frontera o litorales.

Asimismo, de acuerdo con el Banco de México, a pesar de la baja realizada por Moody´s en la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos, no se registró un incremento en el diferencial del crédito solicitado por la petrolera, e incluso se observó una disminución marginal en el indicador de riesgo, y según las valoraciones más recientes de distintas calificadoras, se anticipa que este año se mantengan las notas de la empresa.

Esto, después de que -también se comunicó a la cámara- la agencia calificadora HR Ratings ratificó la calificación de HR AAA con Perspectiva Estable para Pemex, y que en 2022 varias agencias crediticias comenzaron a mejorar las perspectivas de la empresa gracias a mayores ingresos y mejoras en distintos indicadores financieros.

La revisión anual de la nota crediticia reconoció que la ratificación se debe al respaldo del gobierno federal a la petrolera, así como la mejora en sus indicadores financieros, además de que, en 2022, los ingresos de Pemex registraron un incremento, gracias a los mayores precios promedio de crudo a nivel internacional y en menor medida por un incremento en volúmenes de venta.

En su reporte la agencia también destacó la reducción en la deuda neta de 6.7 por ciento, y el aumento de la producción de petróleo crudo y condensados en 1.5 por ciento en 2022, al alcanzar un millón 796 mil barriles al día.

Además, en sus pronósticos a futuro HR Ratings tomó en cuenta una mejora en el Sistema Nacional de Refinación, en donde destaca la recuperación en la producción de petróleo, el inicio de operaciones de la refinería de Dos Bocas en 2023, y los proyectos de mantenimiento y mejoras en el SNR que llevarían el aprovechamiento de la capacidad instalada a 54 por ciento en 2025 y 55 por ciento en 2027.

Moody´s es la única calificadora que realizó un recorte a la nota de Pemex, el año pasado, y en ese contexto el director de la empresa Octavio Romero Oropeza, llamó a la agencia a constatar los resultados de una política pública correcta y a no determinar la supuesta inviabilidad de una empresa pública “por meras cuestiones ideológicas”.