La periodista Griselda Blanco, que había denunciado abusos policiales en la provincia argentina de Corrientes, fue hallada golpeada y ahorcada, informaron el domingo fuentes policiales.

Su expareja fue detenida este domingo sospechado de femicidio pero la familia vincula el crimen con las denuncias de Blanco, de 45 años.

La mujer fue encontrada el sábado por un hermano, colgada en su vivienda de la ciudad de Curuzú Cuatiá, 600 km al norte de Buenos aires y tras las primeras pericias se descartó la hipótesis de suicidio, informaron fuentes policiales.

Los investigadores apuntan a un femicidio y detuvieron a su expareja, otro periodista de nombre Armando Jara. Los accesos a la propiedad no fueron violentados, dijo un investigador a la agencia oficial Télam y consignó además que se encontraron pelos en las manos de la víctima "que podrían ser señales de que se defendió del ataque".

Lautaro Cesano, de 25 años, uno de los hijos de Blanco con otra pareja, puso en duda que el hombre esté vinculado al crimen.

"No creo que femicidio sea el calificativo que haya que darle a esto. (...) En mi opinión, no creo que Jara haya tenido algo que ver con esto, aunque aclaro que estamos esperando las pericias y los resultados", destacó.

Cesani contó que su madre había recibido amenazas por una nota sobre supuestos abusos en la policía de Corrientes publicados en su portal "Griselda Blanco Noticias".

Según el diario El Litoral de esa provincia, Blanco era "una periodista crítica y muy comprometida con varias causas". En su perfil de Facebook, la comunicadora social hacía denuncias de casos policiales de su comunidad, venta de drogas y abusos policiales.

En su último posteo hecho en la madrugada del sábado, la periodista acusó además al hospital local de cometer mala praxis en la muerte de una amiga suya. Por este caso, habría recibido amenazas.

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) expresó en un comunicado su "profunda preocupación" por el caso y advirtió que "la compañera venía denunciando mala praxis en el hospital local y al poder político y policíal".

La fiscal María José Barrero, a cargo de la investigación, apartó del caso a la policía local y ordenó la intervención de la Policía Federal.