Monterrey. Miguel Ángel Sánchez Rivera, dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano, se amparó para no ser imputado por la muerte del menor de edad Ángel Moreno en el DIF Fabriles, cuando fue director del mismo.

No corrieron con la misma suerte, dos ex funcionarios de ese centro DIF, quienes fueron acusados por la muerte de un menor en el albergue Fabriles del DIF en febrero del año pasado.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la muerte de Ángel Moreno fue calificada como homicidio por parte del Ministerio Público.

En una ficha informativa, la fiscalía detalla que la imputación se deriva de conductas cometidas por Miguel Ángel "N", Mauricio Miguel "N" y Raymundo Francisco "N", pero sólo se vinculó a los dos últimos.

Aunque no se le identificó por su nombre completo, el primero sería el dirigente estatal emecista Miguel Ángel Sánchez Rivera, quien era director general del DIF, antes de que por recomendación del gobernador Samuel García Sepúlveda fue nombrado en este cargo partidista.

En la ficha se precisó que no fue imputado porque presentó una suspensión de amparo, y que a Raymundo Francisco se le vinculó por homicidio y a Mauricio Miguel por encubrimiento.

A Raymundo Francisco se le dictó prisión preventiva, pero al no ser localizado se le considera prófugo.

Las indagatorias arrojaron que el menor sufrió una crisis de un trastorno previamente diagnosticado, y que Raymundo Francisco lo golpeó en la cara y lo tumbó al suelo, provocándole vómito y dolor abdominal. El Ministerio Público, precisó que la muerte fue por shock hipovolémico a consecuencia de los golpes.

La imputación de encubrimiento es porque se giraron instrucciones para eliminar fotos, videos y mensajes, y que presuntamente se manipuló el sistema de circuito cerrado.

Esta imputación se da tras un año de llevar a cabo diligencias de investigación, por diferimientos y tácticas dilatorias por parte de la defensa de los imputados, hasta que finalmente este 17 de mayo para los 2 mencionados ex funcionarios, al calificar el MP como homicidio.

Al realizar la imputación ante el Juez de Control, el Ministerio Público narró que el 8 de febrero del 2022, el menor se encontraba en un espacio al aire libre del Albergue Fabriles, cuando sufrió una crisis derivada de un trastorno previamente diagnosticado.

En ese momento, Raymundo Francisco “N” golpeó su cara con el puño cerrado, cayendo el menor al suelo, donde posteriormente el imputado dejó caer su rodilla con todo su peso, provocando instantáneamente vómito y dolor abdominal.

A estos síntomas se sumaron en las siguientes horas debilidad, palidez, labios azulados, sudoración fría y hundimiento de ojos, hasta ocurrir la muerte del menor, que se concluye tuvo origen en un shock hipovolémico a raíz de los golpes.

La imputación a Mauricio Miguel “N” por el delito de encubrimiento e realizó, ya que de acuerdo con la investigación del Ministerio Público, durante lña madrugada del 9 de febrero del 2022, al enterarse el entonces funcionario sobre la muerte del menor, giró instrucciones para eliminar fichas informativas elaboradas por elementos de seguridad de la institución, lo mismo que fotos, videos y mensajes.

También ordenó la manipulación del sistema de circuito cerrado de la institución. A esta persona, también se le atribuye la omisión de reportar la muerte del menor a las autoridades correspondientes y ordenar un servicio funerario, incluida la incineración del cuerpo, sin haberse practicado una autopsia, con el fin de obstruir la investigación de los hechos.

El juicio penal iniciará una vez que el Ministerio Público presente la acusación formal ante el juez, una vez que se concluya la etapa legal de investigación complementaria.

Así, Raymundo Francisco es vinculado por homicidio simple intencional y Miguel por encubrimiento y subsiste la medida dictada de prisión contra Raymundo Francisco, actualmente prófugo.

A Mauricio se le impuso la firma periódica y prohibición de salir del país, pero si podrá hacerlo del estado por una situación médica familiar.