Unos mil 200 jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) marcharon ayer desde el Zócalo de la Ciudad de México a las oficinas centrales, donde realizaron un mitin para exigir al organismo que registre ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) el plan privado de jubilaciones y pensiones, que les permita la devolución de los recursos correspondientes a la Subcuenta de cesantía y vejez.

Samuel Luna, integrante de la mesa jurídica de la Unión Nacional de Comités IMSS (UNCIMSS), señaló que a nivel nacional hay alrededor de 120 mil jubilados y pensionados afectados, ya que “de manera indebida” las Afores entregaron los recursos al gobierno federal, una vez que cumplen los 60 años de edad.

Ayer una comisión de jubilados agrupados en la Unión Nacional de Comités IMSS (UNCIMSS) sostuvo una reunión de trabajo con la titular de la Unidad de Derechos Humanos, Marcela Velázquez Bolio, con quien “tuvimos una plática cordial y un primer acercamiento positivo”. Acordaron una nueva reunión el próximo lunes para tratar “exclusivamente el tema del registro del plan”, indicó Luna.

El integrante del UNCIMSS señaló que el plan privado está inserto en su contrato colectivo de trabajo, por lo que plantearon a la funcionaria que “el Instituto cumpla con el exhorto” formulado en abril por la Cámara de Diputados.

De acuerdo con los jubilados del IMSS, entre 2008 y 2015 se devolvían los ahorros “sin mayor problema” a los trabajadores que se retiraban. Sin embargo, a partir de 2015, “por una decisión política del ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray”, se suspendió la entrega de los recursos, “invocando” una jurisprudencia 2ª/J 185/2008 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dicha resolución estableció que los jubilados del IMSS no tienen derecho a la devolución de los recursos relativos a los rubros de cesantía y vejez acumulados en su cuenta de Afore.

El argumento es que ese dinero se devuelve a los trabajadores al recibir su pensión mensual de ley, según el autor de la jurisprudencia, el magistrado Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Con base en ello, el gobierno federal respondió a los jubilados que sus planteamientos son inviables.

Por su parte, los trabajadores jubilados reiteraron que los recursos que demandan “no se trata de una doble pensión, sino de ahorros que son nuestro patrimonio” acumulados durante décadas de trabajo.