Un juez federal de distrito con sede en Tamaulipas absolvió al ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, pero le dictó sentencia condenatoria de 92 años y seis meses de prisión por el secuestro cometido de seis activistas, entre ellos al dirigente de la Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona.
Además el exalcalde de Iguala deberá pagar una multa de 920 mil 700 pesos por reparación del daño, que se puede sustituir por 15 mil jornadas de trabajo en favor de la comunidad.
Respecto de las acusación por las que fue absuelto José Luis Abarca, la Fiscalía General de la República (FGR) puede impugnar el fallo del juez en cuanto a la absolución por dos cargos de delincuencia organizada, ya que el ex alcalde se le acusa de al estar relacionados con el Cártel Guerreros Unidos y por desaparición forzada respecto del caso de los 43 normalistas de Aytozinapa.
Samuel Ventura Ramos, juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Matamoros, ordenó suspender los derechos y prerrogativas de Abarca Velázquez durante el tiempo que dure la pena de prisión, que debe cumplir en el lugar que señale el juez de distrito con residencia en el penal del Altiplano.
De acuerdo con la sentencia del impartidor de justicia, el ex alcalde es plenamente responsable del secuestro de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez, Rafael Balderas Román, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna y Nicolás Mendoza Villa, ocurrido en 2013 en el municipio de Iguala.
El 30 de mayo de 2013, Hernández Cardona fue desaparecido junto con otros siete activistas más -todos integrantes de la Unidad Popular-, un día después de que cuatro de ellos presentaron una denuncia en contra del entonces presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez, de su esposa María de los Ángeles Pineda y de Felipe Flores Velázquez, ex secretario de Seguridad Pública local.
El 3 de junio de ese mismo año, se encontró el cuerpo de Hernández Cardona, “con los ojos vendados y claras señales de tortura y de ejecución”. El caso lo atrajo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2022.
