Mexicali, BC. Durante tres meses y medio, dos maestros fallecidos en 2021 "cobraron" en nómina de la Secretaría de Educación del gobierno de Jaime Bonilla.
La detección de pagos improcedentes se dio en la fiscalización del registro de "nóminas pagadas" por esa entidad pública con fondos federales.
En el curso de siete quincenas se emitieron y cobraron los documentos de pago de recursos del Fondo de Aportaciones a la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) que entregó el Gobierno de México, de acuerdo a los resultados de la auditoría de cumplimiento 2021-A-02000-19-422-2022.
El Gobierno de Baja California incumplió la normativa, principalmente de la Ley General de Educación, al realizar pagos improcedentes, señala el informe de fiscalización.
El cobro ilegal se realizó entre la gestión del secretario Catalino Zavala Márquez y su sustituto Gerardo Solís Benavides. El primero es secretario General de Gobierno y el segundo es secretario de Educacion en la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda.
La intervención de la Auditoría Superior de la Federación provocó el reintegro del gobierno de Bonilla Valdez a la Tesorería de la Federación un monto total de 107 mil 208 pesos.
La ASF detectó la inconsistencia administrativa al cruzar información con las defunciones del Registro Civil donde dónde confirmó el deceso de ambos trabajadores en 2021.
Otras irregularidades detectadas en la auditoría de cumplimiento se aclararon con la entrega de justificación documental, a diferencia de este asunto que la administración estatal se vio obligada a reintegrar los pagos ilegales.
Entre ellas se encuentra una nómina pagada por dos millones 543 mil pesos de 71 trabajadores de la educación que fallecieron en 2021 y que al detectarse la irregularidad por auditores de la ASF la Secretaría de Educación optó por cancelar los cheques.
Ante la recurrencia de pagos irregulares a personal fallecido, los auditores están obligados a revisar las nóminas y verificar información del Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y del Registro Nacional de Población e Identidad de la Secretaría de Gobernación sobre registros de decesos de personas.
