Ciudad de México. Un juez penal sentenció a 23 años y medio de cárcel, por el delito de robo agravado en cuatro ocasiones, cometido en 2005, a Héctor N o Salvador N o Juan Carlos N, quien se hacia pasar por trabajador de la Secretaría del Medio Ambiente del antiguo Distrito Federal, para ingresar a los domicilios.

La Fiscalía General de Justicia informó que en reposición de procedimiento, el agente del Ministerio Público de la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento obtuvo se le fijara el pago de una multa; negaran sustitutos penales y se le suspendieran sus derechos políticos.

Las averiguaciones establecen que, con el argumento de pasar a realizar la lectura del agua, conseguía entrar a los predios, donde amagaba a las víctimas con armas, las amarraba de manos y pies y las encerraba en alguna habitación de la casa mientras se apoderaba de objetos de valor. 

Vinculan a proceso a policías

Dos policias preventivos fueron vinculados a proceso, por su probable participación en el delito de tortura, luego de que en 2019 intentaron acusar al conductor de un taxi del robo a un negocio, por lo cual lo habrían intimidado psicológicamente.

En la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos formuló dicha imputación.

El juez de control les impuso como medida cautelar, permanecer bajo prisión preventiva justificada durante los dos meses para el cierre de la investigación complementaria.   

Los hechos tuvieron lugar la noche del 18 de septiembre en calles de la colonia Felipe Berriozabal, alcaldía Gustavo A. Madero, cuando un taxista realizaba un servicio y Mario Adrián N y César N, a bordo de sus patrullas le cerraron el paso.

Tras hacerlo descender de la unidad, lo habrían acusado de estar relacionado con el robo a un negocio y antes de ponerlo a disposición del Ministerio Público, los imputados posiblemente ejercieron intimidación para que dijera que había participado en un robo. 

El dictamen en psicología practicado a la víctima, en apego al Protocolo de Estambul, demostró que la víctima presentaba secuelas del delito que sufrió.

Ambos servidores públicos fueron aprehendidos por agentes de investigación, con apoyo del área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.