Ciudad de México. La Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana (DEPMH) solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emita medidas cautelares para garantizar la atención de las personas migrantes que se encuentran dentro y fuera del albergue instalado en Tláhuac, Ciudad de México.

También pidió “establecer medidas que permitan respetar el derecho a la libertad de tránsito, de residencia y garantizar la no devolución de las personas en contexto de movilidad” que se “eviten movilizaciones, deportaciones y expulsiones masivas de las personas extranjeras a sus países de origen o a territorios donde su vida o libertad corra peligro”.

La DEPMH exhortó al gobierno mexicano a que “otorgue respuestas ante esta crisis humanitaria” y que se respeten los derechos a la salud, integridad y seguridad jurídica, y añadió que desde sus “espacios y alcances “seguiremos atendiendo y apoyando a las personas en movilidad forzada, no podemos dejarlas en la desprotección”.

Llamó a que “continúen las acciones coordinadas con el Instituto Nacional de Migración, las iglesias, las ONGs y la sociedad civil”.

La instancia de la Conferencia del Episcopado Mexicano demandó a la CNDH adoptar medidas necesarias con enfoque de género y de infancia a fin de proteger los derechos humanos de todas las personas en contexto de movilidad, esto es: mujeres y hombre adultos, niños, niñas y adolescentes (NNA) acompañados y no acompañados, personas adultas mayores, personas pertenecientes a la comunidad LGBTI+ y a toda persona que se encuentre en un mayor grado de vulnerabilidad.

Asimismo, conminó a “brindar ayuda humanitaria a las personas migrantes albergadas por organizaciones de la sociedad civil, Casas del Migrante, personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección, sin ser objeto de hostigamientos, intimidación o actos de violencia por parte de las autoridades y particulares”.

Otra de las medidas cautelares solicitadas es desplegar acciones “culturalmente adecuadas para evitar discursos de odio que deriven en actitudes discriminatorias y de intolerancia por parte de autoridades y particulares que repercutan gravemente en los derechos humanos de personas en contexto de migración y personas defensoras”.