Ciudad de México. Las recientes modificaciones a la ley minera implican avances importantes para los derechos de las comunidades donde se asientan esos proyectos, entre ellos retirar el carácter preferente a dicha actividad económica por sobre cualquier otro uso y aprovechamiento del territorio, aunque también hubo algunos retrocesos y aspectos que no fueron discutidos, señalaron expertos.

En un foro organizado ayer por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, Beatriz Olivera, directora de la organización civil Engenera, reconoció que la iniciativa recién aprobada en el Senado tiene diversos aspectos positivos que pueden ayudar a aminorar los conflictos socioambientales generados por las actividades mineras.

Subrayó que el carácter preferente de la minería favorecía las expropiaciones de predios, sin analizar su viabilidad ni hacer caso a posibles quejas de sus propietarios.

De igual forma, saludó que se haya señalado la obligatoriedad de que las comunidades den su consentimiento a los proyectos económicos que puedan afectar o alterar su entorno y no sólo la necesidad de que las autoridades las consulten.

Otros aspectos destacables son la prohibición de desarrollar proyectos mineros en áreas naturales protegidas y zonas sin disponibilidad de agua, así como la minería submarina, y la obligación de las empresas de contar con programas adecuados de manejo de residuos.

Sin embargo, Olivera advirtió que entre los aspectos negativos o faltantes en la ley está la falta de límites claros para el uso del agua, además de que se dejó fuera el tema de la minería a cielo abierto –considerada una de las más nocivas para el medio ambiente– y no se incluyó un posible límite para la superficie de las concesiones.

Manuel Llano, director de la organización Carto Crítica, especializada en el acceso público a información socioambiental, resaltó la urgencia de regular a estas empresas, pues la mayoría de ellas no reportan la cantidad de minerales extraídos de sus yacimientos, cuánta agua usan ni otros datos básicos para monitorear su desempeño.

El especialista indicó que en el país hay al menos 97 de minas de metales a cielo abierto y cientos más de carácter subterráneo, las cuales no informan en qué etapa de explotación están, qué productos extraen ni cómo llevan a cabo sus procesos de cierre o abandono.

Asimismo, alertó que según estudios oficiales elaborados entre 2004 y 2020 en sitios de minería metálica, 62 por ciento no tiene concesión para uso de agua y 80 por ciento jamás ha reportado sus vertimientos de contaminantes al agua, incluida la empresa Buenavista del Cobre, que en agosto de 2014 provocó graves daños ambientales por derrames de sustancias tóxicas en los ríos Sonora y Bacanuchi.