Alrededor de 90 organizaciones de América y Europa, entre ellas el Servicio Jesuita a Migrantes, el Servicio Jesuita a Refugiados-México y la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas (Red- Clamor), expresaron su repudio a “las políticas de deshumanización hacia las personas migrantes” y exigieron “soluciones centradas en las personas y sus derechos”.

Expusieron que “las recientes decisiones del gobierno de Estados Unidos ante la finalización del Título 42 (vigente hasta el 11 de mayo 2023) y los acuerdos con otros países de la región están generando “grandes impactos que vulneran la garantía de derechos humanos, particularmente el derecho a solicitar protección internacional”.

Estas determinaciones “afectan directamente a personas y comunidades en situación de migración, refugio y desplazamiento forzado, pues las circunstancias que causan sus desplazamientos aumentan y las políticas nacionales y regionales que intentan gestionar la migración la deshumanizan”.

Acotaron que “lo que está sucediendo en torno a la finalización del Título 42 es la muestra más reciente de dichas políticas. A partir ellas y sus impactos en las Américas, organizaciones de la sociedad civil alertamos algunas implicaciones regionales previsibles de estas decisiones estatales y gubernamentales”.

Convocaron a realizar un “trabajo conjunto y articulado con los Estados hacia la recuperación de los altos estándares de la región en materia de derechos humanos y protección internacional, para así concertar respuestas regionales enfocadas hacia una migración informada, acompañada y protegida que esté centrada en las personas y sus derechos”.

Añadieron que las personas refugiadas, migrantes y desplazadas forzadas en las Américas están viviendo los impactos de políticas nacionales y acuerdos regionales, basados en las estrategias de gestión de las migraciones que, al intentar controlar la migración, la deshumanizan”.

Aseveraron que esas decisiones “están alejadas del enfoque de protección y garantía de derechos humanos que afectan también a las comunidades receptoras y de tránsito. Ante la continuidad de estas decisiones, desde las realidades que acompañamos y la experiencia de las organizaciones firmantes, planteamos alertas regionales con la intención de prevenir y revertir dichos impactos”.

La tragedia en Ciudad Juárez (México), el pasado 27 de marzo y “la gran cantidad de personas de diversas nacionalidades apresadas y deportadas en las fronteras del sur de Estados Unidos y del sur de México en Tapachula, evidencian algunas de las consecuencias de estas políticas restrictivas y securitistas que se han ido replicando en otras fronteras en el intento de contener la migración”.