Ciudad de México. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, advirtió de la persistencia en el país de manipulación de programas sociales para conseguir votos, por lo que hizo un llamado a la denuncia de esas prácticas.

“Si en México buscamos acercarnos a una mayor democracia con igualdad de voto y participación efectiva, la manipulación de programas sociales es una barrera inmensa que nos lo impide. (…) Esas prácticas menoscaban la legitimidad de las candidaturas y afectan el piso parejo, que es condición para tener procesos electorales justos, íntegros, libres”, dijo.

Durante la inauguración del Seminario de metodologías para la observación en justicia electoral, el magistrado destacó que “la democracia no está en venta. Los programas sociales no son monedas de cambio” sino derechos.

Inició su mensaje con estadísticas sobre la población en situación de pobreza extrema y de la evaluación de los programas para atender dicha circunstancia.

Señaló entonces que “la coexistencia de ambas situaciones, desigualdad y falta de rigor de algunos programas sociales, abre la puerta o incentiva malas prácticas como la manipulación de programas sociales para conseguir votos a costa de la libertad de elegir”.

Recalcó que en todo esto las principales víctimas son las personas en situación de mayor vulnerabilidad, de ahí que la tarea del TEPJF sea garantizar el voto libre de todos.

Nuestros criterios – agregó- han atendido las problemáticas que surgen cuando a partir de programas sociales se coacciona o se busca manipular el libre ejercicio del voto, por lo que es necesario analizar cada caso con amplitud de miras, “sin caer en presiones o vicisitudes políticas y anteponiendo siempre la imparcialidad”.

En síntesis, expuso, juzgar con perspectiva de integridad implica reconocer que la calidad de nuestra democracia requiere que se proteja la totalidad de los derechos políticos, y es ahí donde fortalece los acuerdos con autoridades electorales, partidos políticos, representantes de distintos poderes públicos y la sociedad civil.

Sin embargo, dijo que desde la justicia electoral “sabemos que los tribunales no pueden erradicar las prácticas” que buscan limitar los derechos.