Ciudad de México. El plan B de la reforma electoral, que pretendía reducir los altos salarios en el Instituto Nacional Electoral, fue rechazado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (que perciben 300 mil pesos mensuales, el doble que el Presidente) porque si no lo cancelaban, ¿cómo quedaban ellos?, que también ganan más que el Presidente. Era defender sus intereses, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien insistió en la necesidad de la reforma al Poder Judicial.

Con un presupuesto de 73 mil millones de pesos al año y 14 fideicomisos con 20 mil millones de pesos en conjunto para financiar lujos y mantener privilegios que, acumulados, les dejan percepciones mensuales de 600 mil pesos. Por eso deciden –señaló– en favor de las élites y no defienden el interés del pueblo. Al insistir en su iniciativa para cambiar el Poder Judicial descartó la vía que usó Ernesto Zedillo, de jubilar a los ministros y pagarles de por vida, pues su postura es a través de su elección por el pueblo.

–¿Apoyaría el juicio político que están empujando en el Senado?

–Eso que lo decidan ellos, porque si no, se van a sentir mártires, y lo que son, en realidad, son unos abusivos, ventajosos.

En su conferencia emplazó a destinar los 20 mil millones de pesos a becas para estudiantes. No es un asunto de justicia, tiene que ver con la moral, es un imperativo ético. ¡Cómo un impartidor de justicia va a estar ganando 500, 600 mil pesos mensuales en su conjunto! ¡Cómo, en un país con tanta pobreza!

En este contexto, aludió al futuro del país: ¿Quieres que continúe la transformación o no? Eso es lo que se va a votar. ¿Quieres que regresen los corruptos? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que siga la transformación? También, ya sabes. ¿Quieres que siga el clasismo, que te sigan humillando? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que continúen las pensiones para los adultos mayores? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que sigan ganando 500, 600 mil pesos mensuales los ministros de la Corte? Ya sabes por quién vas a votar.

Larga alocución en la que desmenuzó gran parte de las percepciones de los ministros, las cuales, sostuvo, son contrarias a lo que establece la Constitución y que sólo defienden los abogados leguleyos, huizacheros: 588 mil pesos de aguinaldo, 95 mil pesos de primas vacacionales, un mes de vacaciones, 723 mil pesos de un fondo para restaurantes de lujo, comedor especial en la sede de la SCJN con acceso a bebidas alcohólicas, 5 millones de presupuesto para contratar personal adicional al que les facilita la institución, entre otros.

Todo este maiceo, afirmó López Obrador, para representar los intereses de los grupos económicos y políticos de élite, porque no hay ninguna resolución a favor del pueblo: De lo que yo recuerdo es que querían obligarme a pagar 1.8 millones de pesos a un particular por el paraje San Juan; rechazaron la consulta popular sobre la privatización del petróleo con un argumento legaloide; de lo que me consta es que cuando se tenía que juzgar a los responsables del incendio de la Guardería ABC se protegió a los implicados; lo que me consta es que hay que estar a las vivas porque los viernes por la noche liberan a delincuentes; lo que me consta es que el mismo día que juzgaron en Estados Unidos a García Luna aquí le liberaron las cuentas a su esposa.

Y en su crítica acusó que cuando se cometieron los excesos a favor de las élites en la época neoliberal, no prosperaba ningún amparo en el Poder Judicial. López Obrador recriminó que en ese periodo se avalaban los excesos del mercado a costa de una mala planeación, por eso se otorgaron permisos de agua y hasta de cerveceras en lugares donde había insuficiencia del líquido para consumo doméstico.

Con Vicente Fox, al gerente de Lala lo nombra director de Conagua y se abusó en el consumo industrial en La Laguna y ahora se debe extraer agua con arsénico que debe purificarse. Todo, afirmó, como imposición del FMI y el Banco Mundial, porque no había planeación, ellos definieron la agenda, con las llamadas reformas estructurales: la reforma energética para privatizar el petróleo, la reforma educativa para privatizar el sector, los cambios en salud para privatizarla.