El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció el jueves la existencia de algunos sectores que buscan provocar una "ruptura constitucional".
"Sectores fuertemente amarrados a la impunidad hoy buscan un frente común para una ruptura constitucional. Los atemoriza profundamente que pueda correrse el velo de la impunidad. El gobierno buscará que la Justicia, la reparación a las víctimas y la verdad sean el camino final de la gran reconciliación nacional", dijo el presidente en su cuenta de Twitter.
Consideró que "toda la verdad" sobre los conflictos en el país debe conocerse, pero dijo que es consciente de lo "peligroso" que es alcanzar la paz y acabar con la impunidad.
"Sé que un camino tranquilo podría abrirse con la justicia transicional, que hoy es atacada. La presidencia tiene como política de seguridad la paz y también será atacada por todos los extremos. Colombia debe abrir la avenida de la paz que no es más que la de la justicia social y la democracia", agregó.
Afirmó que su política es la "paz y el desmantelamiento de las economías ilícitas para construir una democracia segura justa y próspera".
"La JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) evaluará las declaraciones de (exlíder paramilitar y excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC) Salvatore Mancuso, invito a los demás jefes paramilitares a seguir su ejemplo e invito a quienes fueron de las AUC a cerrar el proceso de paz abierto en pasados gobiernos garantizando el cumplimiento de los pactos allí alcanzados", agregó.
El jueves fue el segundo día de la audiencia pública ante la JEP, donde Mancuso reconoció que las operaciones para exterminar comandos guerrilleros se hacían en coordinación con las fuerzas militares colombianas.
Asimismo, dijo que en "Venezuela hay por lo menos 200 personas desaparecidas por el bloque" que comandó.
El 11 de abril, Mancuso fue imputado por más de 5 mil 200 hechos violentos junto a otros paramilitares, informó la Fiscalía.
Las AUC fueron el grupo paramilitar más grande de Colombia y son culpables de miles de asesinatos y violaciones a los derechos humanos.
En el 2003 iniciaron un proceso para dejar las armas, el cual terminó en 2006.
