San Cristóbal de Las Casas, Chis. La militarización en México corresponde a un fenómeno global que va de la mano de “acciones de represión y despojo territorial” en contra los pueblos, con particular confrontación hacia actores sociales que van construyendo desde abajo alternativas al sistema capitalista, consideró el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

En su informe que abarca el período 2020-2022, agregó que “este paradigma de la militarización se complejiza con la presencia de empresas criminales que van generando, con la complicidad de los gobiernos, una espiral de violencia con impactos que, hasta el momento, han cimbrado al país en un contexto adverso y de terror hacia los pueblos y comunidades; circunstancias que han empeorado y ampliado en los territorios de Chiapas, en los últimos cuatro años”.

El organismo manifestó que ha documentado “de manera puntual este entorno que evidencia los impactos de la violencia que dan paso a las violaciones a los derechos humanos y, la perniciosa presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la cual constatamos, a pesar del discurso del poder de sostener la visión bienhechora de esta institución, se ha convertido en la gran ‘Secretaría de Estado’, a través de la ampliación de sus funciones en la vida pública de México”.

Sostuvo que “de facto en Chiapas se mantiene, se adapta y ahonda, la lógica de una guerra integral de desgaste, con el contenido criminal, colocando un nuevo panorama de amenazas en lo rural y lo urbano, por lo que vemos una tendencia hacia la remilitarización”.

Agregó: “Los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos en general se mantienen en segundo plano debido a que los proyectos son catalogados como de seguridad nacional, lo cual no es nuevo, pero fortalece y reafirma la posición en acciones de razón de Estado, en beneficio a una idea de desarrollo, distante hacia los pueblos que habitan los territorios”.

Afirmó que “se fortalece la política militarista, en el sentido de que garantiza la seguridad nacional y las libertades democráticas, por lo que hay un cambio de percepción y acción de varios grupos de ‘izquierda’; pues antes había una resistencia a esta política en el país tanto en el ámbito nacional, como estatal. Ahora no”.

En el informe de 123 páginas presentado la noche el martes en sus oficinas, dijo que “en territorios en los que se han generado procesos alternativos al sistema capitalista, se mantiene desde las Fuerzas Armadas una política de contrainsurgencia que se actualiza con los tiempos de una política de la seguridad nacional y hemisférica neoliberal”.

Abundó: “Esta guerra decidida y sostenida de arriba, se enfrenta a procesos organizativos pacíficos. Con las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional es apostarle a la continuidad de la guerra que beneficia a los poderes fácticos en México y, a la par, la línea feroz de la violencia generalizada y como inevitable consecuencia a la profundización de la crisis de derechos humanos, que responde a la crisis terminal del capitalismo que está generando impactos terribles de destrucción y desesperanza”.

El organismo fundado por el extinto obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz García, que ahora preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, señaló que “se apuesta a una continuidad de la guerra que beneficia a los poderes fácticos en México, un ascenso de la violencia generalizada y el aumento de la crisis de derechos humanos”.

También afirmó que “el periodo en que se enfoca el informe está caracterizado por una disputa abierta de la tierra recuperada en 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), lo que ejemplifica cómo está operando la contrainsurgencia hacia el proyecto zapatista; son diversas las agresiones y hostigamientos cometidos por parte de organizaciones corporativistas alineadas con el Estado, así como por una reconfiguración territorial a partir del proyecto Sembrando Vida, columna vertebral de la actual administración federal”.

Añadió que “la tierra recuperada desde el levantamiento de 1994, es uno de los objetivos clave en la continuidad de la contrainsurgencia en contra de las bases de apoyo del EZLN”, por lo que “son diversas las agresiones y hostigamientos cometidos por parte de organizaciones alineadas con el Estado y el consecuente desplazamiento forzado”.

La violencia, aseveró, “es un mecanismo de terror utilizado contra la población. También es un campo fértil para el control económico a través de negocios legales e ilegales en un marco de complicidad y aquiescencia de las autoridades en todos los niveles”.

Expresó que “a pesar de la militarización de hace más de dos décadas en Chiapas, la percepción general, tanto en zonas urbanas como rurales, es de un deterioro acelerado en cuestión seguridad, debido a la actuación abierta de la delincuencia organizada”.

Paralelamente, dijo, en la entidad “se ha agudizado el tráfico y consumo de drogas, homicidios, feminicidios y desapariciones; regiones con toques de queda impuestos, agresiones armadas constantes a comunidades enteras; se aumentó la presencia de grupos criminales y se fortaleció la triada gobierno, empresas y delincuencia organizada”.

El documento fue presentado por la directora del Frayba, Dora Roblero, Jorge Santiago y Carlos Ogaz, integrantes del organismo, así como por el vicario de justicia y paz de la diócesis, Miguel Angel Montoya y Estela Barco de la agrupación Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI).