Ciudad de México. A tres años de iniciar su lucha, que implicó interponer un amparo ante un juzgado federal, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México pagó a Mario Santiago Juárez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el adeudo que tenía con él, por tres contratos que recibió y cumplió en 2020.
El monto entregado, sin embargo, fue menor a los 230 mil 758.61 pesos que le debía, al quitarle el Impuesto Sobre la Renta y no cubrir los intereses por dicho lapso, comentó el afectado al lamentar que ya no podrá prestar sus servicios en dicha institución.
“Me advirtieron que cualquier personal que ha demandado al Tribunal no vuelve a ser contratada, lo cual es una actitud incorrecta, viniendo de una institución de impartición de justicia y cuando el que no cumplió con un contrato fue él, pero a mí me sancionan”, dijo.
Consideró que, su caso “abre una ventana de oportunidad para muchos proveedores que se han visto en mi situación y han preferido asumir las pérdidas, pues se trata de una práctica constante, argumentando el Tribunal problemas por cuestiones del covid-19”.
El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, recordó, ordenó en octubre del 2021 a la Oficialía Mayor cubrir dicho adeudo, ésta señaló que “no se cuenta con el recurso para atender los compromisos del pasivo del ejercicio 2020”.
Dicha situación, señaló, “ha provocado que el órgano judicial deba a muchos prestadores de servicio, quienes en su mayoría desiste por el tiempo que lleva el proceso, pues de ganar, el monto a entregarse no incluye intereses o cargos moratorios, como sucedió conmigo”.
El amparo otorgado por el juzgado decimoprimero de distrito en materia administrativa, el TJSJCDMX lo llevó a revisión, pero “un Tribunal Colegiado me dio de nuevo la razón, por lo que ya no tuvo de otra que pagar, aunque no me volverán a contratar, pero me doy por bien servido”, afirmó.
En el juicio de amparo 1645/2021, que promovió en noviembre de ese año señaló como autoridades responsables al: Tribunal Superior de Justicia, su presidente Rafael Guerra Álvarez, la Oficialía Mayor y el Consejo de la Judicatura local.
