Dos de los tres integrantes del Comité de Impulso a la Justicia (CIJ) de la Comisión para la Verdad sobre la guerra sucia, presentaron sus renuncias de carácter inmediato al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, debido a la “inexistencia” de recursos financieros para llevar a cabo su mandato, “la falta de voluntad política” y la “ausencia de acuerdos de colaboración” con la Fiscalía General de la República (FGR) y fiscalías estatales.

Carlos Pérez Vázquez y Fabián Sánchez Matus aseveraron que sin el apoyo económico y político de las instituciones gubernamentales, y dado el tiempo que resta del mandato de la comisión, que termina en septiembre del 2024, “no es posible cumplir a plenitud las expectativas de justicia” de los sobrevivientes y familiares de víctimas.

Cabe recordar que la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, que preside Encinas, tiene entre sus objetivos implementar los mecanismos de investigación necesarios para impulsar acciones ante las autoridades ministeriales y judiciales, a efecto de coadyuvar en el tema de justicia. Igualmente, promover la coordinación y/o colaboración con la FGR y fiscalías locales, con el fin de contribuir en esta materia.

Con Pérez Vázquez y Sánchez Matus son tres los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad que han renunciado, pues en septiembre del 2022, Aleida García Aguirre dejó el cargo como integrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, señalando que la secretaría ejecutiva únicamente había atendido la agenda institucional en la elaboración del presupuesto para el trabajo de esta instancia, dejando fuera al “ala de la sociedad civil”.

En el documento de renuncia de los dos miembros del Comité de Impulso a la Justicia -del cual también forma parte Ángela Buitrago-, los ex comisionados expusieron que a pesar de que en el decreto por el que se crea la comisión se señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe realizar las adecuaciones presupuestarias y emitir disposiciones administrativas necesarias, incluyendo la disponibilidad de que existan recursos para la creación de una Fiscalía Especializada, ello no se ha cumplido.

Señalaron que desde un inicio se les informó que la comisión “no contaba con los recursos financieros para el ejercicio fiscal del año 2022” y por lo cual explorarían alternativas. Es por ello, agregaron, que a partir de julio de ese mismo año se facilitó, “como una situación de naturaleza temporal”, un apoyo financiero parcial de parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Sin embargo, indicaron que en enero pasado se resolvió, “una vez más”, recurrir a la CNDH para obtener recursos, lo anterior a partir de un convenio que a la fecha no se ha concretado.

Manifestaron que ante el incumplimiento de acuerdos, el 25 de enero pasado decidieron suspender su trabajo, al igual que su participación en todas las actividades a cargo de la comisión, hasta en tanto se aseguraran lo recursos económicos.

“La falta de respuesta efectiva y oportuna a la situación, evidentemente, no sólo ha paralizado las actividades del CIJ, sino que ha obstaculizado la interacción entre éste con el resto de los mecanismos que integran a la comisión, lo que ha impactado de manera negativa, en los resultados de ésta frente a las víctimas sobrevivientes y los colectivos de familiares”, enfatizaron.

Respecto al acuerdo de colaboración con la FGR, Pérez Vázquez y Sánchez Matus, expusieron que ello ha impedido que se formalice el trabajo del CIJ ante la Coordinación General de Investigación de la fiscalía, instancia a cargo del mayor número de investigaciones por graves violaciones de los derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990.