Ciudad de México. Luego de la renuncia de Carlos Pérez Vázquez y Fabián Sánchez Matus al Comité de Impulso a la Justicia (CIJ) de la Comisión para la Verdad sobre la guerra sucia, particularmente por la falta de presupuesto, el secretario ejecutivo, Félix Santana, señaló que en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el 2022 se les destinó a los dos abogados un monto de un millón 874 mil 873 pesos, dirigidos exclusivamente a sus tareas, pero para 2023 solicitaron incrementar sus recurso al rubro de honorarios.

En una comunicación difundida esta noche, indicó que los ex miembros del citado comité propusieron integrar un régimen especial de triangulación de recursos, similar al de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (para el caso Ayotzinpa), con salarios por encima de los ingresos que perciben servidores públicos del gobierno federal con responsabilidades de alto mando, situación que por normativa interna no podía asumir la CNDH”.

Ante ello, agregó, se acordó diseñar un mecanismo administrativo complementario a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; “sin embargo, los montos, procedimientos y tiempos de ejecución propuestos no fueron aceptados por los renunciantes”.

Al tiempo que Santana reiteró el compromiso del gobierno federal para garantizar las condiciones de funcionamiento de los cinco mecanismos que integran la comisión señaló que Ángela Buitrago, quien también forma parte del CIJ, en breve presentará el segundo informe de su trabajo y ha expresado su interés por continuar encabezando el comité de manera Ad Honorem, “es decir, sin ninguna retribución económica, como lo ha hecho desde diciembre de 2021”.

Lo anterior, añadió, “permitirá concluir el diagnóstico que guardan las 251 averiguaciones previas y el diseño de la estrategia legal para reactivar las investigaciones que se encuentran en la Coordinación General de Investigación de la Fiscalía General de la República.

Ayer Carlos Pérez Vázquez y Fabián Sánchez Matus presentaron sus renuncias de carácter inmediato al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, argumentando la “inexistencia” de recursos financieros para llevar a cabo su mandato, “la falta de voluntad política” y la “ausencia de acuerdos de colaboración” con la Fiscalía General de la República (FGR) y fiscalías estatales.

Al respecto, sobre este último punto, en su respuesta, Santana expuso que “se consolidará el punto de acuerdo ante la Conferencia Nacional de Procuradores para el acceso a sus expedientes judiciales de las 32 entidades federativas.