Mexicali, BC., Un registro real y no simulado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como un salario digno que incluya pagos de horas extras, días festivos y reparto de utilidades, son las principales demandas de los jornaleros agrícolas de Baja California, quienes exigen que se ponga un alto a todas las ilegalidades que violan sus derechos laborales.

Trabajadores del campo de Maneadero, en el sur de Ensenada, y del municipio de San Quintín, denunciaron complicidad de algunos funcionarios del IMSS con los propietarios de los ranchos, lo que, según ellos, genera que sean explotados por los contratistas, con la práctica de saliendo y pagando.

Explicaron que esta modalidad de pago en efectivo es una especie de outsourcing en el que se evaden responsabilidades fiscales y contractuales entre el patrón y el intermediario de la mano de obra. Está al margen de la ley e incumple con los términos de salario y prestaciones, reconocieron autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Los labriegos de Maneadero dieron a conocer que su salario por jornada es de 200 pesos; la cantidad es la misma desde hace ocho años, cuando en marzo de 2015 tuvo lugar el movimiento jornalero, que paralizó la península de Baja California para señalar abusos.

En ese entonces la inconformidad fue tal que se cerró la carretera Transpeninsular, pararon varias empresas agroindustriales y los trabajadores se confrontaron con autoridades estatales y federales.

Actualmente, en distintas zonas del sur de Baja California los jornaleros exigen que se fije un pago diario de por lo menos 500 pesos.

En el caso de San Quintín, el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA) reveló que hay empleadores que sólo pagan ocho horas, cuando en realidad son 12 horas las laboradas, incumpliendo el reconocimiento de las horas extras.

Cada hora adicional, según la ley federal en la materia, debe pagarse al doble, por lo que esas cuatro horas impagadas se convierten en otras ocho birladas al salario del trabajador, criticó la representación sindical.

Adultos mayores, en el surco sin futuro

Acusó que aunque tengan contratos permanentes, los patrones dan de alta y baja a sus empleados para impedir que se contabilicen las semanas laboradas.

El SINDJA expuso que hay casos de jornaleros de 73 años que sólo tienen cotizadas 100 semanas por, lo que nunca se van a jubilar debido a esta grave anomalía entre el patrón y el IMSS. Se estima que dos de cada 10 hombres de campo en esta región del noroeste mexicano rebasan los 65 años.

El IMSS y la STPS reconocen que en San Quintín hay 80 mil jornaleros con contratos permanentes, establecidos y temporales, en más de 200 ranchos y empresas agrícolas.

Sin embargo, esta cifra corresponde al censo de 2015 y, por lo mismo, apuntan los campiranos, quienes advierten que se han incrementado los asentamientos en las colonias de San Quintín.

Un acto ilegal que han detectado los trabajadores es que los patrones simulan darlos de alta y asignan un número de afiliación ante el IMSS que resulta inexistente.

Reciben un número, pero sólo en el papel, pues no cotizan, afirmaron. Reclamaron que esta connivencia socava los derechos de los jornaleros agrícolas.

Una vieja demanda que persiste después del movimiento jornalero de 2015 es la desaparición del denominado salario integrado semanal, en el que los patrones incluyen aguinaldo y reparto de utilidades, que corresponden a 10 por ciento de las ganancias patronales del año fiscal anterior.

Para la zapoteca Abelina Ramírez, dirigente del SINDJA, asentado en San Quintín, municipio con población mayoritariamente indígena, ese salario integrado es ilegal pues no existe un desglose o detalle de los ingresos.

El primero y 2 de mayo pasados, agricultores de Maneadero instalaron un bloqueo intermitente a la Carretera Transpeninsular, luego de reunirse con el secretario estatal del Trabajo, Alejandro Arregui, a quien señalaron que hay empresas que incumplen con pago de horas extras, días festivos y vacaciones.

El funcionario aseguró que "caerá todo el peso de la ley" a las empresas que incumplan con los derechos laborales y prestaciones.

Advirtió sobre la existencia de una red de enganchadores que engaña a los trabajadores para transportarlos a ranchos y sujetarlos a la modalidad saliendo y pagando (pago en efectivo de una jornada hasta de 12 horas sin prestaciones laborales ni garantías de seguridad social), en complicidad con mayordomos.

Walberto Solorio, presidente del Consejo Agrícola de Baja California dijo reconocer los derechos de los trabajadores del campo. Sostuvo que las empresas agrícolas son auditadas de forma periódica por los gobiernos estatal y federal.