Ciudad de México. Por primera vez, el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU resolvió una denuncia individual contra el Estado mexicano, por la desaparición de Yonathan Mendoza Berrospe en 2013 en Veracruz, en la que participaron elementos de la policía estatal y de la Secretaría de Marina (Semar).

En la revisión del caso, concluyó que el Estado incumplió su obligación de llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva e imparcial y violó el derecho a conocer la verdad y a la reparación.

El Comité consideró que, dado que había pruebas suficientes de la participación de agentes del Estado, México tenía la carga de probar, mediante una investigación llevada a cabo con la debida diligencia, que la desaparición no fue causada por ello o por personas que actuaran con su autorización o aquiescencia. Sin embargo, ante la falta de dicha indagatoria, se concluye que la víctima fue objeto de una desaparición forzada.

Yonathan tenía 17 años de edad cuando fue sustraído de su domicilio en la ciudad de Veracruz, por un grupo de hombres armados, que traían puestos chalecos antibalas con la palabra “policía”, y quienes lo golpearon, esposaron y lo introdujeron en una camioneta.

La familia del joven interpuso una denuncia ante las autoridades fiscales del estado, así como un amparo ante un juzgado de distrito para impugnar la detención “secreta e ilegal”. Sin embargo, en junio de 2015, el amparo fue archivado tras no recibir información sobre la desaparición de Yonathan, por parte de las fuerzas de seguridad ni de las autoridades fiscales locales, estatales y federales.

Además de que “ni la investigación a nivel estatal ni la federal localizaron su paradero, ni llevaron a los responsables ante la justicia”.

El Comité observó que la mayoría de las acciones de investigación mencionadas por el Estado se llevaron a cabo después del 2019, y que la mayor parte de los trabajos de búsqueda se realizaron después de 2021.

Frente a este contexto, instó a garantizar una búsqueda e investigación exhaustivas y diligentes de la desaparición forzada de Yonathan, enjuiciar a los responsables, incluidos los agentes del Estado a todos los niveles, y proporcionar una reparación adecuada a su familia.

La madre del joven, Angélica Berrospe, llevó el caso ante el Comité en julio de 2021, poco después de que México reconoció la competencia de éste para examinar comunicaciones individuales sobre hechos bajo su jurisdicción.

En un comunicado, Juan José López Ortega, miembro del CDF, destacó la importancia de lo resuelto en este caso, ya que “por primera vez, establece y concreta los estándares para la búsqueda diligente de las personas víctimas de desaparición forzada y para llevar a cabo investigaciones efectivas que permitan hacer comparecer a los responsables ante la justicia”.

Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez, coordinador jurídico de Idheas, organización que acompaña el caso, destacó que lo resuelto es histórico, no sólo por ser la primera decisión contra México en el marco del Sistema Universal, “sino porque el Comité resalta la obligación que tiene el Estado mexicano de cumplir lo ordenado por Naciones Unidas y cita la decisión de la Suprema Corte de Justicia, que en el Amparo 1077/2019, litigado por Idheas, estableció el carácter vinculante de las Acciones Urgentes”.