Zacatecas, Zac. Este jueves el pleno del Congreso local remitió a las Comisiones Unidas de Hacienda y Transparencia del Poder Legislativo zacatecano, la propuesta de punto de acuerdo para revocar la autorización del ayuntamiento de Guadalupe, para licitar el servicio de limpia en esa población, otorgado por el edil Julio César Chávez Padilla, quien fue desaforado por los diputados locales, el pasado 21 de abril.

Chávez Padilla asumió la alcaldía de Guadalupe por Morena en el año 2018, y en noviembre de 2019, emitió la licitación pública nacional presencial ADQ/Dirservpub/001/2019, para la Concesión del Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos, a la empresa “Trash”, que resultó ganadora y cuyo contrato fue firmado el 2 de diciembre de 2019.

Sin embargo, planteó la legisladora independiente Zulema Yunuen Santacruz Márquez, el ex edil Julio César Chávez Padilla (quien estaba en su segundo periodo consecutivo de tres años como presidente municipal), dejó comprometidos “700 millones de pesos con la empresa privada recolectora de basura, para los próximos nueve años”. El contrato era inicialmente por 2 años, pero en el 2021 se autorizó al ayuntamiento de Guadalupe, un nuevo contrato, hasta el 2030.

“Situación que no solo afecta las finanzas de los municipios, sino que además vulnera el mandato constitucional que tienen dicho ayuntamiento para con la ciudadanía, que tiene el ayuntamiento de Guadalupe para garantizar los servicios públicos como el de la recolección de basura, mismo que está muy lejos de las expectativas de mejorar el servicio”.

Por lo anterior, la legisladora Santacruz Márquez presentó la propuesta para revocar la privatización del servicio de limpia, considerando que “el servicio de limpieza y recolección de residuos sólidos es un servicio esencial que debe ser garantizado por los gobiernos locales a sus ciudadanos, con el fin de proteger la salud pública y el medio ambiente”.

La legisladora argumentó, además, que “es importante puntualizar que desde que iniciaron las operaciones a la fecha, ya transcurrieron casi 4 años, por lo que es tiempo suficiente para hacer una evaluación al desempeño de dicha concesionaria, Trasch, puesto que lo anterior implica una importante inversión de recursos públicos, una deuda que futuras administraciones contraerán y un compromiso de calidad y eficiencia en el servicio que ha sido puesto en entredicho por los usuarios”.

En la tribuna del congreso local, la diputada además aseguró que ante la soberanía estatal, “se han recibido denuncias de la ciudadanía y de organizaciones civiles sobre irregularidades, actos de corrupción y fallas en el servicio de limpieza y recolección de residuos sólidos en el municipio de Guadalupe, lo cual genera una preocupación legítima sobre el correcto uso de los recursos públicos y la calidad del servicio”.

Por lo anterior, dijo, es necesario que las Comisiones Unidas de Hacienda y Transparencia “realicen un análisis imparcial para determinar si existen elementos suficientes para, en su caso, revocar la autorización de dicha concesión o en su defecto, tomar las medidas necesarias para garantizar la correcta ejecución de dicha concesión a la luz de los principios de transparencia y rendición de cuentas, evaluación al desempeño, eficiencia, austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos”.

“En caso de que las comisiones unidas determinen que existen elementos suficientes para revocar la autorización de la concesión del servicio, se instruye a las mismas para que presenten un dictamen y un proyecto de decreto para realizar dicha revocación”.