Ciudad de México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado mexicano a adecuar leyes, políticas y prácticas migratorias para eliminar la detención de migrantes en situación irregular. En un pronunciamiento, al cumplirse un mes del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo pasado, donde murieron 40 personas, igualmente urgió a actuar con debida diligencia para investigar y sancionar a los responsables de esta tragedia.

También demandó reparar adecuadamente a las víctimas y adoptar medidas urgentes para evitar la repetición de estos hechos.

En este sentido, expuso que en tanto se llevan a cabo las reformas para eliminar la detención de migrantes, es obligación de las autoridades garantizar que las detenciones se ajusten a los Principios Interamericanos, es decir, que éstas se utilicen únicamente de conformidad con lo autorizado por la ley y sólo cuando sea necesaria, razonable en todas las circunstancias y proporcional a un propósito legítimo; “buscando la supresión de esa práctica y la adopción de medidas alternativas a la privación de libertad por razones estrictamente migratorias”.

Al tiempo que la CIDH reiteró su condena por la muerte de los 40 migrantes en Ciudad Juárez, señaló que tomó nota de las acciones que adoptó el Estado a raíz de estos hechos, entre las que destacan: la suspensión definitiva de las actividades en la estancia provisional de Ciudad Juárez; la entrega de tarjeta de visitante por razones humanitaria que garantiza atención hospitalaria a los lesionados; las investigaciones iniciadas para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, y el proceso implementado para reparar a las víctimas de las familias.

Asimismo, “se observa el anuncio del Poder Ejecutivo de la creación de un consejo para la protección de derechos humanos de personas migrantes y la reforma del INM”.

Por otro lado, la CIDH también refirió que organizaciones de sociedad civil denunciaron “la criminalización” de Jaison "N", migrante señalado en el proceso penal como presunto autor material por acción de los delitos de homicidio y lesiones dolosos; quien, en ese momento, estaría ejerciendo el derecho a la protesta por la carencia de insumos básicos como agua, papel de baño y alimentación.

También, agregó, advirtieron sobre los posibles riesgos en la recolección de evidencias, la entrega de los cuerpos de las personas fallecidas, y las limitaciones de las familias y sobrevivientes para participar en la investigación.

En relación con el traslado de los restos mortales, la CIDH indicó que información del Estado señala que, hasta el 24 de abril, se procedió al retorno de 31 de las 40 víctimas fallecidas. Asimismo, informó sobre la activación del Grupo de Acción Inmediata (GAI) junto con los gobiernos de Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras y Venezuela para apoyar de manera expedita a las familias, coadyuvar en la identificación de los fallecidos, repatriar los restos humanos, atender a los heridos y gestionar la reunificación de familias.

Al respecto, reiteró la urgencia aplicar protocolos y medidas que garanticen de manera fiable y efectiva la identificación de las personas fallecidas y la entrega de sus cuerpos sus familias, con pleno acceso a la información durante los procedimientos correspondientes.

Adicionalmente, destacó que las personas migrantes y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad de los hechos que provocaron violaciones a derechos humanos y la identidad de los perpetradores. Esto implica la obligación de esclarecer, investigar, procesar y sancionar a responsables y, según las circunstancias, garantizar el acceso a información en poder del Estado. Además, tienen derecho a asistencia, protección, acceso a la justicia y reparación plena y efectiva de los daños sufridos. Lo anterior, incluye el acceso a la justicia a través de fronteras en condiciones justas, eficaces y accesibles.