Ciudad de México. La Consejería Jurídica del gobierno federal acusó a la Suprema Corte de la Nación de filtrar “clandestinamente” el proyecto de resolución del ministro Alberto Pérez Dayán, relacionado con la viabilidad jurídica del plan B Electoral en donde propone su invalidación por vicios en el proceso legislativo. En su pronunciamiento, consideró que estos proyectos son reservados por ley, y, así, su divulgación indebida constituye una grave falta y una violación flagrante a la ética judicial.
Después de que se conoció el contenido de la resolución, la Consejería Jurídica aseveró que la filtración constituye también un incumplimiento del Poder Judicial de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. La filtración de información reservada es una práctica ilegal que afecta el principio de imparcialidad de los funcionarios que imparten justicia en nuestro país, consideró.
“¿Quién es responsable de resguardar la información de un expediente judicial en trámite ante el alto tribunal? ¿Con qué intención alguien de la SCJN filtró a un medio de comunicación, en exclusiva, un proyecto de sentencia tan relevante? ¿A cambio de qué se entregó la información reservada? La filtración de información ¿afecta o no el principio de imparcialidad de los demás jueces constitucionales? ¿Es causa de responsabilidad grave la divulgación indebida de esta información?
Para la Consejería Jurídica estos cuestionamientos obligan a la Corte a explicar su actuación y abrir una investigación para determinar el origen de su difusión ilegal. “El Código Penal Federal establece que comete delito en contra de la administración de justicia, el servidor público que dé a conocer, a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en un proceso judicial y que por disposición de la ley esté reservado.
Y añade: “cabe resaltar que la SCJN no difundió de forma institucional el proyecto de sentencia, sino que lo entregó clandestinamente a un medio de comunicación, lo cual contamina el proceso deliberativo de los integrantes del pleno”.
Finalmente, la Consejería Jurídica sostuvo que la SJCN debe ser un ejemplo de pulcritud en el desarrollo de los procedimientos judiciales, ya que juzga con rigidez los actos de otros poderes y, al no existir instancia legal que revise su actuar lícito, corresponde al pueblo de México exigir a cada juez el apego irrestricto a la nuestra Constitución y demás leyes que de ella emanan.
