Tegucigalpa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) finalizó este viernes una visita en Honduras y, entre sus primeras observaciones, destaca la muerte en 2023 de ocho defensores del medio ambiente que siguen en impunidad, considerando al país centroamericano como uno de los más inseguros y violentos para los ambientalistas.

La CIDH, encabezada por la relatora presidenta Margarette May Macaulay, ofreció una conferencia de prensa en la que detalló brevemente los puntos que abordaron en cuanto a la situación de derechos humanos en su visita a Honduras.

El relator especial Carlos Bernal Pulido se mostró sumamente preocupado por la información recopilada en relación a la muerte de defensores del medio ambiente y manifestó que, en un plazo de entre cuatro y seis meses, estarán brindando un informe completo.

“Nosotros esperamos que podamos identificar la verdad de alguna manera, que haya justicia, reparación de los daños y no repetición, que es lo más difícil”, expresó Bernal Pulido a The Associated Press. Y añadió: “Como es un problema tan complejo, tenemos que pensar muy bien qué recomendar para hacer esas cosas posibles”.

Los representantes de la CIDH llegaron al país el 24 de abril y sostuvieron reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado, con la empresa privada, representantes de la sociedad civil, comunidades garífunas y del Consejo Cívico de Organizaciones Campesinas e Indígenas (Copinh).

“La CIDH recibió información preocupante sobre el incremento de la violencia y criminalización en contra de comunidades campesinas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en el Bajo Aguán”, señala el documento de 17 páginas que recoge las observaciones de la CIDH.

“Durante la visita, se recibió información sobre desalojos extrajudiciales, amenazas, intimidación, estigmatización en contra de miembros de las cooperativas, al punto de que ocho líderes campesinos fueron asesinados en los últimos meses”, agrega.

El informe de la CIDH indica que Honduras continúa siendo el país más violento de Centroamérica y el tercero más inseguro en la región y considera “alarmantes” los altos índices de asesinatos de mujeres y femicidios, personas LGBTI y personas defensoras de derechos humanos. En 2022, 17 activistas fueron asesinados.

Ante eso, Bernal Pulido dijo que habrá un análisis previo a las recomendaciones, pero apuntó a que todo lo que sucede respecto a las amenazas a derechos humanos es un problema estructural del país.

“Deben sumarse el gobierno, la empresa, sociedad civil, comunidades; es una problemática sumamente compleja”, recalcó.