Conviene la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicano (Pemex) en alcanzar un convenio reparatorio y en el otorgamiento del criterio de oportunidad con Emilio Lozoya Austin, y con ello retirar los cargos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa para el ex director de Pemex, su madre, su hermana y su esposa, con relación a las acusaciones que se le formularon por los sobornos recibidos en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

En una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte y que encabezó el juez Gerardo Genaro Alarcón López, los representantes de la FGR, la UIF y Pemex se manifestaron a favor de suspender la audiencia intermedia en el caso Agronitrogenados, a fin de llegar a un convenio con Emilio Lozoya.

Emilio Lozoya Austin seguirá en prisión, dentro del Reclusorio Norte, hasta que se formalice el convenio de reparación del daño con UIF y Pemex y el criterio de oportunidad con la Fiscalía y se avale judicialmente.

Durante la diligencia que inició a las 10:40 horas, la defensa del ex director de Pemex hizo un recuento de los momentos que ha vivido la negociación que permitirá el retiro de los cargos y que mantienen en prisión desde noviembre de 2021 a Lozoya Austin.

El abogado Miguel Ontiveros Alonso mencionó que desde enero de 2022 estuvieron en posibilidad de formalizar ante la autoridad judicial el acuerdo que concedería el criterio de oportunidad y el pago exigido por Pemex y UIF.

Para esto también dijo —pronunciamiento que luego fue realizado por el propio ex funcionario— de que “Emilio Lozoya no reconoce responsabilidad penal ni se considera culpable en ninguno de los dos casos”. Hay ánimo y voluntad para proceder con la firma del acuerdo.

El litigante pidió a los representantes del gobierno federal que tienen que participar en la negociación que se mantengan dos condiciones, la primera de ellas que se mantengan los montos reparsitorios solicitados por Pemex y UIF y que ascienden en total en ambos procedimientos penales a 10 millones 736 mil 351 dólares.

La segunda petición consistió en que se beneficien de estos acuerdos, su madre, Gilda Austin, su esposa, Marielle Heckes, y su hermana, Gilda Susana.

Explicó que al igual que hace un año el monto exigido como reparación del daño se garantizará con diversos inmuebles.

En su exposición, Ontiveros Alonso mencionó que durante la conferencia de prensa en esta mañana en Palacio Nacional el secretario de gobernación, Adán Augusto López, mencionó que Emilio Lozoya tiene derecho a un acuerdo reparatorio.

En su oportunidad los representantes de las instituciones federales señalaron que llegaron a esta audiencia con la instrucción de no oponerse al diferimiento de la diligencia y restablecer las negociaciones.

Los integrantes del Ministerio Público Federal dijeron “no existe oposición en caso de que las partes lleguen a un acuerdo reparatorio”.

Los representantes de Pemex y de la UIF se manifestaron a favor del diferimiento para “llevar acabo las pláticas conciliatorias” y se llegue a un acuerdo reparatorio.

En respuesta la defensa del ex director de Pemex se manifestaron a favor de que esto se alcance con los montos ya convenidos con anterioridad y se formalice el criterio de oportunidad, y aunque solicitaron que los representantes gubernamentales se comprometieran a los puntos con los defensores, el juez Alarcón López les respondió que la sola manifestación de esa voluntad en la audiencia no tendría ninguna obligatoriedad pues tiene que establecerse en el convenio que alcance.

Ante esta situación, Lozoya participó en la audiencia y declaró: “Ya llevamos muchos años cooperando y hemos accedido a las peticiones de la FGR y de las otras partes, ello no refleja que esté de acuerdo con las acusaciones o con que acepte alguna responsabilidad en los cargos”.

“Es sorprendente que sigan echando largas para este acuerdo mientras que otro coacusado, el señor Alonso Ancira, logró el acuerdo que no se me ha permitido. Yo le pediría que no se utilice la prisión preventiva o la persecución de mujeres para intentar un incremento en los montos de la reparación del daño, ello va contra mis derechos”.

Ontiveros Alonso agregó que se requiere el compromiso de las instituciones federales que hasta ahorita no tienen garantías objetivas “para que se mantenga el monto que se determinó con peritaje y que constan en las actuaciones realizadas en el poder judicial”.

Sin embargo los defensores de Lozoya señalaron estar a favor “de un acuerdo justo, establecido en las constancias judiciales” y que tanto Lozoya Austin como su familia “han aceptado pagar el 100 por ciento de lo que ellos han pedido”.

La próxima audiencia para revisar si ya hubo un acuerdo o continúa el proceso de Agronitrogenados contra Lozoya Austin se fijó para el próximo 18 de julio a las 12:30 horas.