Lima. Perú y Chile intercambiaron protestas este jueves por la creciente tensión en la frontera, ante la llegada de cientos de migrantes que salieron de territorio chileno.
La cancillería peruana citó al embajador chileno en Lima, Óscar Fuentes, para "expresarle su protesta por la falta de colaboración" de la policía chilena ante un incidente con un grupo de migrantes que intentaron cruzar por la fuerza hacia suelo peruano.
Paralelamente, el gobierno chileno presentó una "nota diplomática de protesta" ante Perú por los dichos del alcalde de la ciudad de Tacna, Pascual Güisa, quien llamó "innombrable e irresponsable" al presidente Gabriel Boric por la situación en la zona limítrofe.
En los últimos días cientos de haitianos, venezolanos y ciudadanos de otros países han quedado varados tras salir de Chile y luego de que este último país endureciera los controles migratorios.
Perú impide su paso alegando que no cuentan con un pasaporte sellado y visa vigente. Varios migrantes entrevistados por la Afp aseguran que solo pretenden cruzar territorio peruano rumbo a sus países de origen.
Emergencia en vigor
El gobierno de Dina Boluarte decretó por 60 días el estado de emergencia en sus fronteras y ordenó el envío de los militares, para que refuercen la vigilancia policial en esas zonas.
La medida, que comenzó a regir este jueves, está encaminada a combatir la inseguridad, según la mandataria peruana. Apoyándose en informes de prensa, Boluarte sostuvo que "quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros".
Las Fuerzas Armadas apoyarán las tareas de la policía en el control interno, de acuerdo a lo dispuesto por el gobierno peruano que además restringió derechos como el de libertad de tránsito y de reunión en los cruces limítrofes con Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia.
Entre la ciudad peruana de Tacna y la chilena de Arica se han concentrado un promedio diario de entre 150 a 200 personas.
Cooperación en ciernes
No obstante las protestas, Lima aseguró que ambos gobiernos están en contacto desde el 21 de abril "con el objetivo de encontrar, de manera cooperativa, soluciones que atiendan en el corto y mediano plazo la crítica situación migratoria y humanitaria en la zona de frontera".
Al tiempo que militarizó las fronteras, el gobierno de Boluarte dispuso una amnistía de multas por seis meses a los extranjeros que permanecen ilegalmente en Perú, para que en ese lapso regularicen su situación.
La oficina de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estimó que la amnistía permitirá "que 100 mil personas refugiadas y migrantes en el país puedan regularizarse y actualizar sus datos".
