Almoloya de Juárez, Mex. Tres de los doce funcionarios de Segalmex involucrados en el desfalco multimillonario que sufriò esta empresa estatal entre 2019 y 2021, comparecieron este miércoles ante un juez de distrito adscrito al Centro de Justicia del penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en este municipio, para conocer las imputaciones que les formuló la Fiscalía General de la República por el delito de delincuencia organizada, con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los funcionarios, encabezados por Jesús Oscar Navarro Gárate, ex director de Administración y Finanzas de Segalmex, detenido la tarde del martes pasado, escucharon por más de tres horas las acusaciones que les hizo el ministerio público federal, ante las cuales, prefirieron reservarse su derecho a declarar.

Además del ex director de Administración y Finanzas de Segalmex, en la audiencia estuvieron presentes , Carlos Norberto Valero Flores, ex subdirector de aseguramiento de calidad de Liconsa, y Enrique Zamorano Solís, quien era subgerente de impuestos de Liconsa. Los tres portaban el uniforme gris de los reos del penal federal del Altiplano.

Junto con ellos, también escuchó las imputaciones el Edgar Alejandro Armenta Peralta, socio y representante legal de la empresa Grupo Vicente Suárez 73, quien recibió más de 458 millones de pesos de Segalmex, por contratos para el procesamiento de leche, que nunca cumplió esta compañía.

En la audiencia se pudo conocer que esta empresa tras recibir los pagos de Segalmex, dispersó de forma inmediata los recursos a 8 personas físicas y 12 morales a través de diversas transferencias, y una vez realizadas estas, la cuenta bancaria de la compañía fue cancelada.

Para el ministerio público, los servidores públicos incurrieron en omisiones en su ejercicio y permitieron la liberación de recursos públicos a favor de las empresas fachada, a pesar de que se conocía que éstas no tenían ni la capacidad física, técnica, financiera y humana para cumplir los contratos.

Por ejemplo, Grupo Vicente Suárez 73, se constituyó en 2014 como una empresa dedicada a “la construcción y rehabilitación de edificaciones” pero , el 2 de diciembre del 2019, --10 días antes de la asignación de contratos con Segalmex--, modificó su objeto social para dedicarse al procesamiento de productos lácteos.

La empresa fundada en Morelos, estaba domiciliada en la calle de Mazatlán en la colonia Condesa, en la Ciudad de México, pero al verificar la dirección se comprobó que se trataba de una casa habitación y no de una compañía. Otra dirección que dio de alta en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, no existe.

Otra de las empresas beneficiadas con este esquema fue Comercializadora de Productos Lácteos La Laguna (Coprolac) a quien en 2020 se le entregaron más de un millón 120 mil litros de leche bronca para ser procesados y entregados como leche en polvo, lo cual nunca se materializó. La cantidad de leche entregada a esta empresa representa 984 millones de pesos, según expuso el ministerio público.

A decir de la FGR, Navarro Gárate no sólo permitió la liberación de recursos a estas empresas a pesar de que nunca tuvo pruebas documentales de que hayan cumplido con los convenios, es decir con la entrega de leche procesada y con los litros de media crema adquirida. Además avaló se rescindieron los contratos de manera anticipada y se liquidará a las empresas.

El ministerio público señaló que Norberto Valero Flores, quien era subdirector de aseguramiento de calidad de Liconsa, informó del incumplimiento de los contratos dos años después, cuando el daño patrimonial ya estaba hecho, mientras que a Enrique Zamorano Solís, quien era subgerente de impuestos de Liconsa, se le acusa de haber hecho la requisición para el servicio de maquila de leche a estas empresas sin constatar que contaban con la capacidad técnica humana y financiera para ello.

Por lo que se refiere al socio y representante legal de Grupo Vicente Suárez 73, Edgar Alejandro Armenta Peralta, se informó además del delito de delincuencia organizada, a él se le imputó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Queda claro que hubo un esquema complejo para distraer recursos públicos hacia empresas fachada, que luego fueron dispersados a personas físicas y morales”, indicó la fiscal encargada de dar lectura a la acusación, quien agregó que en la causa penal están involucradas 26 personas, de los cuales 12 son servidores públicos.

La fiscal solicitó que se les vincule a proceso, pero los acusados pidieron la duplicidad del término constitucional para que se determine su situación jurídica y se resuelva si son sometidos a un juicio o se les deja en libertad por falta de elementos.

El juez fijó para el el 1 de mayo la continuación de la audiencia inicial donde resolverá si vincula o no a los acusados. En tanto, los cuatro permanecerán recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, pues se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por estar acusados de delitos graves.