Ciudad de México. La Cámara de Diputados, en un hecho histórico, aprobó por unanimidad el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que garantiza la continuidad y consolidación de la justicia oral y el aprovechamiento de nuevas herramientas probatorias en el desarrollo de audiencias, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), Rafael Guerra Álvarez.

De esta manera, el ordenamiento pasará al Ejecutivo Federal y se espera que pronto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, a fin de contar con esta nueva arquitectura judicial para todo el país.

Los Poderes Judiciales integrantes de la Conatrib fueron los encargados de construir el proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que atiende la opinión de los impartidores de justicia, y garantiza la continuidad y consolidación de la justicia oral.

Además de aprovechar las nuevas herramientas probatorias en el desarrollo de audiencias, una metodología en la ejecución de sentencia que permite agilizar la misma en condiciones de dignidad e igualdad a las personas y los mecanismos alternativos de solución de controversias.

El también presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México señaló que se contará con las tecnologías de la información en la impartición de justicia, un sistema impugnativo que permita aprovechar los beneficios de la oralidad y, en general, procedimientos más respetuosos de los derechos humanos.

El nuevo Código, recordó, tiene 12 componentes principales, como son el sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar; el de la competencia objetiva y subjetiva; y el de disposiciones comunes en procedimientos civiles y familiares.

Otros componentes son el de la justicia civil, que regula los juicios orales ordinario, especial hipotecario, arrendamiento e inmatriculación judicial; y el de justicia familiar, que regula todos los procedimientos orales de la materia.

Así como los que atienden a todos los procedimientos universales; los que regulan los recursos, en el que se lleva la oralidad al trámite del mismo, para aprovechar sus beneficios; y el que establece las bases de la justicia digital en todo el país.

Un décimo ordenamiento, abundó, es el de la sentencia y su ejecución, mismo que autoriza la celebración de audiencias de avenencia y la posibilidad de que existan jueces de ejecución en la materia; el once, que se ocupa de la cooperación procesal internacional; y, el doce, que regula el procedimiento arbitral”.

El magistrado Guerra Álvarez reconoció que uno de los grandes retos, en este histórico ordenamiento, será la materialización de este nuevo instrumento jurídico mediante recursos presupuestales suficientes y permanentes para los tribunales de la República Mexicana:

Sin embargo, consideró, “estamos a tiempo para que los legisladores atiendan la importancia no sólo de autorizar partidas presupuestales adicionales y extraordinarias, sino que, además, garanticen su entrega a los poderes judiciales".