Ciudad de México. Expertos internacionales, ex integrantes del Comité de Derechos del Niño de la ONU, llamaron al gobierno federal a reconsiderar la iniciativa de reforma legislativa en la que se propone trasladar las funciones del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
En un pronunciamiento, destacaron que la iniciativa, presentada a la Cámara de Diputados el 18 de abril pasado y que se prevé aprobar hoy, es “contraria al derecho internacional de los derechos humanos, específicamente a la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos, de los cuales México es parte”. Igualmente, a las recomendaciones que emitió el citado Comité en 2016, en las que pidió fortalecer al Sipinna.
Marta Santos, Rosa María Ortiz, Sara Oviedo, Norberto Liwski y Jorge Cardona expusieron que la desaparición o fusión del Sipinna el DIF “implicaría un retroceso institucional que afectaría gravemente el interés superior de niñas, niños y adolescentes en México”.
Este sistema, resaltaron, “es el diseño institucional más avanzado que se ha logrado en las Américas para la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. Ha demostrado importantes aportes nacionales para prevenir afectaciones a la niñez, con el esfuerzo articulado de miles de funcionarias y funcionarios públicos en todo el país”.
A la postura de los expertos internacionales, difundida por Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, se sumaron otras organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), las cuales subrayaron que la propuesta del Ejecutivo federal “busca destruir la capacidad del Sipinna como organismo coordinador de estrategias y políticas públicas a favor de las infancias”.
También rechazaron el argumento de que este organismo duplica funciones y que con su transferencia al DIF se realizaría un ahorro presupuestal.
“No representa ningún ahorro en el presupuesto de la nación, pues el monto asignado para su funcionamiento como coordinador de la política nacional de los derechos de la niñez y adolescencia se calcula en 73 millones de pesos al año, mientras el DIF, que tiene como función prestar servicios para la atención y cuidado de niñas y niños en situación de vulnerabilidad, es de mil 466 millones de pesos al año, lo que equivale a 20 veces más”, explicaron.
