La Cámara de Diputados avaló tipificar el delito de desvío o importación ilegal de precursores químicos utilizados para producir drogas sintéticas, como fentanilo y metanfetaminas. 

Con ello, se establecen penas que van hasta los 15 años de prisión por falsificar autorizaciones o permisos de importación de dichas sustancias, que se incrementan hasta en diez años más cuando los responsables sean funcionarios públicos, y definió penas por la posesión y uso no autorizado de máquinas para fabricar pastillas.

También, se contemplan sanciones por la posesión y uso no autorizado de máquinas para fabricar pastillas.

La reforma, que parte de una iniciativa presentada por el Ejecutivo federal, fue avalada en su discusión en lo general con 319 votos a favor, y 126 en contra del PAN y Movimiento Ciudadano, que argumentaron que la propuesta le quita facultades al Consejo de Salubridad General, y generará un incremento en los costos de producción de medicamentos. 

Poco después de la medianoche, fue avalada en su discusión en lo particular sin cambios, y turnada al Senado. 

En el dictamen se estableció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Guardia Nacional, coadyuvarán para prevenir, detectar y evitar el desvío de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos, que sean desviados para la producción de drogas sintéticas. 

Las personas físicas y morales que realicen el transporte terrestre, marítimo o aéreo de precursores, deben dar aviso a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) o la Marina, según corresponda, además de reportar los volúmenes de sustancias utilizados, y “deben registrar cada actividad regulada que realicen en el sistema Integral de Sustancias, en un plazo que no exceda de 24 horas”. 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) contará con el Sistema Integral de Sustancias, para simplificar los trámites administrativos a las empresas, y la información que recabe será de carácter reservado, y “sólo será proporcionada por orden de juez de control federal en materia penal en delitos contra la salud por delincuencia organizada”.

Quien haga uso indebido o sustraiga información del Sistema sin la autorización correspondiente, recibirán penas de hasta siete años de prisión, pero se incrementará en dos terceras partes si se trata de un servidor público. 

A quienes “desvíen o hagan uso de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas, se le impondrá pena de diez a quince años de prisión” y multa equivalente al diez por ciento de los ingresos obtenidos por dichas actividades. 

Las penas se incrementarán hasta en dos terceras partes en caso de que el responsable sea un servidor público, además de ser destituido de sus funciones e inhabilitado hasta por diez años para desempeñar otro cargo. 

Mientras que, a quienes posean precursores químicos o máquinas para elaborar medicamentos sin contar con autorización, se le impondrá penas de siete a diez años de prisión. 

En tanto, se impondrán penas de ocho y hasta 15 años de prisión y multa equivalente al 10 por ciento de los ingresos al que falsifique o altere autorizaciones o permisos de importación o exportación de precursores o maquinaria de este tipo. Así como a quien haga uso de documentos falsos para ello. 

De tratarse de un servidor público, las penas se aumentarán hasta en dos terceras partes, es decir, diez años más. 

También, prohíbe la importación o exportación de estas sustancias por vía postal, mensajería o paquetería. Se definen penas de hasta ocho años de prisión por incurrir en esa práctica. 

El morenista Emmanuel Reyes Carmona, apuntó que la iniciativa busca el combate al crimen organizado y sus delitos conexos. Pretende fortalecer las acciones de fiscalización y vigilancia de precursores para que no se usen para otros fines. 

Alertó que en las entidades fronterizas se ha reportado un aumento en el consumo de fentanilo. “En la presente administración se han realizado acciones en contra la producción de drogas sintéticas por un valor (de afectación) de 1 billón 198 mil millones de pesos”, además de desmantelarse 127 laboratorios y se han incautado más de 4 mil kilogramos de fentanilo, subrayó el legislador.