Por prácticas dilatorias, "indolencias que caracterizan a las autoridades judiciales" y por violaciones al debido proceso, María Dolores y Rosita Marimar llevan cuatro años presas acusadas de homicidio calificado, cuando fue un acto de legítima defensa contra el hombre que las explotaba sexualmente en el municipio de San Matías Tlalancaleca en Puebla, señaló la directora general de Grupo de Acción por los derechos humanos y Justicia Social, Karla Michel Salas Rodríguez.

Explicó que mañana martes 25 de abril iniciará el juicio, el cual se ha pospuesto por dilaciones de la Fiscalía del Estado de Puebla, después por la pandemia y "por una infinidad de pretextos que ha dado la misma fiscalía", detalló.

En conferencia de prensa, apuntó que tras cuatro años de que el caso de Dolores y Rosita se quedó en el olvido por parte de la defensoría pública del estado y después por la pandemia, finalmente iniciará el juicio con el que buscan que sean liberadas porque "los tratados internacionales nos dan la razón", pues la Fiscalía de Puebla, añadió, no llevó a cabo la investigación con perspectiva de género, cuando todas las pruebas y declaraciones de testigos apuntan que eran víctimas de trata y que por no contar con recursos para abogados particulares han estado presas injustamente.

Recordaron que el hombre que las explotaba, llamado Tomás, intentó ahorcar a Rosita, por lo que Dolores la defendió y le provocó la muerte y por ello fueron acusadas de homicidio calificado cuando se trató de un acto de legítima defensa.

Confían en que se juzgue con perspectiva de género porque "la investigación de la Fiscalía ha estado plagada de estereotipos de género y sin tomar el contexto de explotación y violencia que sufrían".