Ciudad de México. Sin contar gastos por avalúos y demás servicios que se contrataron para lograr su venta durante los pasados cuatro años, la administración federal recibió por el llamado avión presidencial menos de la mitad de lo que ya había pagado por él vía presupuesto hasta 2022 y hasta 56 por ciento de lo que costó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

De acuerdo con documentos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 2023 el esquema para adquirir la aeronave Boeing 787-8 José María Morelos y Pavón se valuó en 6 mil 79 millones de pesos, de los cuáles se habían cubierto con recursos públicos 3 mil 899 millones de pesos hasta el año pasado.

Según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, este año se destinarán 369 millones de pesos para que la Secretaría de la Defensa (Sedena) pague a Banobras parte de las amortizaciones por el avión, pero el saldo pendiente a cubrir hasta 2027 es de 2 mil 180 millones de pesos.

Luego de cuatro años en que la venta parecía imposible, al grado de que el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró desde su rifa –la cual en realidad terminó en un sorteo por el equivalente a su valor– hasta su renta para eventos sociales, como bodas y 15 años, la aeronave fue adquirida por la República de Tayikistán.

En el video del 20 de abril por medio del cual se anunció el cierre del negocio, Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banobras, explicó que el avión se vendió por mil 659 millones de pesos, equivalentes a 92 millones de dólares, monto que cumple con el avalúo realizado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).

El monto en pesos por el que se concretó la venta equivale a 42.5 por ciento de los 3 mil 899 millones de pesos que salieron de la Tesorería de la Federación entre 2012 y 2022 para que en 2027 la aeronave terminara de ser adquirida por la Sedena; a la par es 56.2 por ciento de los 2 mil 952.4 millones de pesos en que fue adquirida por Banobras.

La ganancia de mil 659 millones de pesos anunciada por el gobierno federal equivale a una cuarta parte de la erogación conjunta de 6 mil 851.4 millones de pesos –la de Banobras para adquirir la aeronave y la de la administración pública vía presupuesto– que ya había hecho el gobierno mexicano por la aeronave.

De acuerdo con lo consignado por la administración de Enrique Peña Nieto en un boletín de 2016, el avión –incluidos la ingeniería, la instalación de sistemas, adecuaciones de estructura, equipamiento de cabina, certificaciones y un paquete de refacciones– fue adquirido por Banobras en 218.7 millones de dólares, a un tipo de cambio fijo de 13.5 pesos por dólar; es decir, a 2 mil 952.4 millones de pesos.

El avión se estaba adquiriendo por la Sedena a través de un arrendamiento financiero con Banobras que inició en 2012 y se completaría en 15 años. Sólo hasta 2027, una vez pagados vía presupuesto el capital y los intereses derivados del acuerdo, el Boeing 787-8 José María Morelos y Pavón pasaría a ser de los activos de la dependencia.

El gobierno concretó la venta de la aeronave una vez que ésta se fue depreciando. Sus primeros dos avalúos –realizados por Morten Beyer & Agnew y McLarens Aviation– fijaron el precio de la aeronave en alrededor de 130 millones de dólares en mayo de 2019. En casi cuatro años, ésta se depreció 29 por ciento, según una nueva evaluación que hizo el Indaabin para lograr su cesión.

Ninguno de los avalúos es público en su totalidad, fueron reservados hasta por cinco años bajo el argumento de que su divulgación representa un riesgo real a la información propiedad de los particulares (datos personales) y al secreto comercial. Conllevaría una afectación a los titulares de tal información, así como al sujeto obligado y al sistema financiero, fijó el comité de transparencia de Banobras.

Activos como el avión presidencial se deprecian principalmente por el número de horas vuelo que arrastran. Al estar reservados por la actual administración el contenido de los avalúos, no se sabe qué factores pesaron para que el Indaabin redujera 29 por ciento el valor de una aeronave que prácticamente no ha volado los pasados cuatro años. El presidente López Obrador reveló que en el primero de ellos se encontraron fallas de origen en el Boeing 787-8, lo que incidió en su depreciación.

Antes de López Obrador, el gobierno de Peña Nieto hizo una evaluación sobre la venta de la aeronave. En un contexto de ajuste presupuestal, en septiembre de 2015 el presidente de la República ordenó que la (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) realizara un estudio para determinar, con base en elementos técnicos, financieros y de Seguridad Nacional, la conveniencia de vender o mantener el B787-8 para uso del Estado mexicano, se lee en un reporte de enero de 2016.

En él se consigna que Banobras contrató a Ascend Flightglobal Consultancy para hacer la evaluación. La consultoría destacó que si la aeronave se vendiera a alguna aerolínea comercial en ese momento, ésta podría representar una pérdida de más de 58 por ciento de su costo (128.2 millones de dólares).