Saltillo, Coah. Dos de los tres basureros para almacenar restos industriales autorizados por el gobierno de México se encuentran en Coahuila; uno en el municipio de General Cepeda y el otro en el de Ramos Arizpe.

En agosto de 2016 inició operaciones el Centro Integral para el Manejo de Residuos Industriales (Cimari), en el municipio de General Cepeda, a unos 609 kilómetros de Saltillo, entre protestas de grupos ambientalistas y habitantes de ejidos cercanos al confinamiento.

Hasta la fecha los quejosos insisten en que el mal manejo en los residuos industriales genera filtraciones al acuífero, lo cual se refleja en afectaciones a la flora y fauna.

Además, el Cimari es propiedad de la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte (SEMNSA), la cual adquirió un predio de 500 hectáreas en el ejido Noria de la Sabina, cerca de la carretera libre a Torreón, donde construyó el confinamiento.

Habitantes de General Cepeda se opusieron a su instalación porque existen comunidades dentro del perímetro de amortiguamiento que requieren este tipo de empresas, de por lo menos 12 kilómetros.

La llegada del Cimari a General Cepeda dio pie al colectivo Sí a la Vida, integrado por campesinos, ambientalistas y el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López.

Aunque las autoridades cuentan con pruebas de las afectaciones, nada han hecho para impedir los daños al medio ambiente, aseguró Juan Gamboa, uno de los dirigentes del movimiento.

Son normales (los accidentes en el Cimari), hay explosiones la mayor parte del tiempo; hay incendios y hay explosiones, el confinamiento de desechos tóxicos de Noria de la Sabina es un peligro real al medio ambiente que las autoridades ni nadie quieren creer, señaló.

Juan Gamboa especificó que son más de 7 mil personas afectadas por la instalación del confinamiento. Son habitantes de los ejidos Porvenir de Jalpa, Jalpa, Noria de la Sabina, Pilar de Richardson, Estación Marte, Benecio López, Santa Inés, La Hedionda, San Antonio del Jaral, Narigua, Tanque San Vicente y de la cabecera municipal de General Cepeda.

Aseguró que se documentaron daños irreparables en la salud, principalmente de niños y ancianos, quienes presentan problemas respiratorios, irritación en ojos y piel, y sangrado nasal, ojos y boca, por lo que temen se desencadenen casos de cáncer.

La vida del confinamiento se va a terminar en 25 años (así marca su permiso), pero nadie se hace responsable de los desechos, ahí se van a quedar, son muchos los problemas que trae un vertedero de este tipo, es lo que va a pasar, no son cosas que se puedan evitar, son situaciones que van a pasar y hay población alrededor, manifestó.

En septiembre de 2022, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de forma indefinida, por segunda vez, el Cimari de Noria de la Sabina, pero vecinos del basurero aseguraron que sigue operando de forma clandestina.

Hace un par de meses documentaron el accidente de una pipa en la carretera a Torreón, con desechos industriales que supuestamente serían depositados en el Cimari, con todo y la clausura.

Tenemos noticia de un tractocamión, con un contenedor, que se volcó a la altura del kilómetro 64 cuando ya estaba clausurada la empresa; lo reportamos, tenemos documentos, incluso videos de los incendios y explosiones que se dan dentro del confinamiento y tenemos documentado cómo siguen entrando las góndolas con desechos a pesar de que están clausurados, aseguró.

Los activistas y ejidatarios afirman que la empresa se niega a informar sobre los residuos que recibe y almacena; sin embargo, de manera extraoficial, saben que se trata de aceites, lodos y otros desechos industriales.

Entiendo que recogen basura de todo el país, y eso es un grave problema, porque los contenedores van tirando los desechos por la carretera, llegan con 40 o 50 por ciento de lo que cargaron en sus lugares de origen; nada de esto está documentado porque la autoridad está mirando para otro lado. Nosotros no somos Ministerio Público, no somos Profepa, somos ciudadanos, no podemos estar vigilando a estos sinvergüenzas, agregó Gamboa.

Un segundo vertedero

En Ramos Arizpe, a unos 80 kilómetros de Saltillo sobre la carretera a Monclova, se encuentra el almacén de residuos industriales que recolecta la empresa Tecnología Ambiental Especializada, con capacidad para almacenar 700 toneladas de desechos, 200 más que el Cimari de General Cepeda.

Este centro de residuos tóxicos inició operaciones en 2007 y pertenece a la empresa Tecnología Ambiental Especializada y tiene un tiempo de vida cercano a los 80 años.

Desde que empezó a operar se han registrado cinco accidentes de consideración, el último el 27 de marzo, en una bodega. El incendio alertó a habitantes de comunidades cercanas, por el temor de que el fuego alcanzara las celdas de almacenamiento.

A este último incidente se le suman un derrame químico en 2015, así como dos incendios en 2016 y 2017.

Especialistas mencionan que hay más peligrosidad por la cercanía entre los dos confinamientos, el de Ramos Arizpe y el de General Cepeda, que no sobrepasa los 50 kilómetros en línea recta, lo cual afecta directamente la salud de los habitantes de comunidades ejidales cercanas.

El integrante de la organización Sí a la Vida, José Luis García Valero, expuso que no han podido documentar los daños a la salud, debido a que médicos que han atendido a los pobladores temen afirmar que esos malestares son a consecuencia del contacto con los químicos de los basureros industriales.

"No hemos encontrado un solo médico que quiera certificar que la causa y la consecuencia están vinculados, entonces se enferman de sabrá Dios qué, y desde el punto de vista jurídico es necesario que un facultativo dictamine la consecuencia de estas emanaciones", indicó.

"Queda claro que la ley es para los ricos, no para los pobres, nosotros ganamos un amparo contra la empresa que opera el Cimari (en General Cepeda) y siguen trabajando, ahorita enfrenta una denuncia popular, y muy pronto un nuevo amparo; pero bueno, ya sabemos en manos de quién está la ley y cómo opera, siempre en beneficio de los poderosos", concluyó.