En un posicionamiento público dirigido al Congreso de la Unión, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) alertó sobre “los potenciales riesgos e impactos en la estrategia anticorrupción de Estado”, en caso de aprobarse la iniciativa de reforma enviada por el Ejecutivo federal en la que se propone la transferencia de las facultades de esta instancia a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Roberto Moreno Herrera, secretario técnico del SESNA, expuso que en primer lugar, ello “compromete los fundamentos de coordinación y colaboración en la que todas las instituciones del Estado mexicano deben comprometerse para controlar y combatir la corrupción en el país”.

La iniciativa propuesta, agregó, “puede afectar el pacto federal, ya que al modificar la Ley General del SNA, detonaría un efecto en cascada de reformas a las leyes que en el ámbito federal y estatal materializan el artículo 113 de la Constitución”. Explicó que lo anterior significaría “la clausura de una visión nacional de combate a la corrupción y la concentración de la responsabilidad en el Poder Ejecutivo”.

Moreno Herrera rechazó que la SESNA duplique funciones con otro ente público del país, como lo refiere la iniciativa. Por el contrario, aseveró, “al centro de su mandato yace las articulaciones de distintas voces y fortalezas institucionales en anticorrupción”.

Igualmente, indicó que la propuesta de reforma “vulneraría la naturaleza ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, eliminando espacios técnicos de trabajo como el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA”, lo que implica “anular” este lugar “que históricamente conquistó la sociedad en el combate a la corrupción”.

En los hechos, añadió, “el CPC colabora activamente con la SESNA para el desarrollo de políticas, propuestas, mediciones y herramientas que son sometidas a consideración del Comité Coordinador del SNA para su adopción y aplicación nacional”.